El Gobierno se abre a regular por ley la disolución de «organizaciones» que considere «fascistas»

El Gobierno de Pedro Sánchez se abre ahora a regular por ley la disolución de «organizaciones» que considere «fascistas». Así lo apunta en una respuesta parlamentaria escrita a Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, según el contenido de la misma, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El diputado independentista de ERC Francesc Marc Álvaro Vidal preguntó al Ejecutivo socialcomunista «qué acciones piensa llevar a cabo el Gobierno español para evitar las actividades públicas de enaltecimiento del fascismo por parte de asociaciones y/o personas a título individual».

Asimismo, Álvaro Vidal instó al Gobierno a indicar «cómo justifica que en otros países de la Unión Europea que han sufrido dictaduras fascistas esté explícitamente prohibido y penado hacer apología y/o difundir esta ideología y, en cambio, en el seno del Estado español ni siquiera sea objeto de amonestación».

Ante ello, el Ejecutivo ha contestado que a diferencia de esos países de la Unión Europea, como es el caso de la República Federal de Alemania, «nuestra Constitución, como ha recordado el Tribunal Constitucional, no es militante, por lo que no existe una proscripción genérica de ninguna ideología». Sin embargo, dicho esto, el Gobierno insta a sus socios independentistas a que lleven al Congreso una reforma legal para ir más allá que la legislación vigente, que se centra en perseguir a las organizaciones que hagan apología del franquismo.

«En relación con la modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de asociación a la que mandata la ley de Memoria Democrática, se refiere únicamente a la disolución de las asociaciones que hagan apología del franquismo, no del Tercer Reich o, en general, de la ideología nacionalsocialista. No obstante, se recuerda que la modificación de cualquier ley es función y potestad de las Cortes Generales y, más aún, siendo una ley reguladora de un derecho fundamental», dice el Ejecutivo, animando así a ERC a presentar una proposición de ley en este sentido ante el Congreso de los Diputados.

La Ley de Memoria Democrática, en su objetivo de «hacer frente a las organizaciones que difunden discursos de incitación al odio y a la violencia en los espacios públicos», introdujo medidas como revocar la declaración de utilidad pública a aquellas entidades que «entre sus fines persigan o que con sus actividades lleven a cabo la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». Aquí se incluyen también las fundaciones.

Plan del Gobierno

Cabe recordar que, en su plan normativo anual para el ejercicio de 2023, el cual se vio alterado por el adelanto electoral de las generales al 23 de julio del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo la previsión de una ley para modificar la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Así pretendía incluir en ella como causa de disolución la apología del franquismo. Ahora, en base a la respuesta parlamentaria que el Gobierno ha dado a ERC sobre este asunto, no es nada descartable que el espectro se amplíe a organizaciones que, a juicio del Ejecutivo, sean «fascistas». Los partidos del Gobierno PSOE-Sumar bien podrían impulsar una proposición de ley de los independentistas con esta reforma o aceptar alguna enmienda en esta línea a un proyecto de ley registrado por el propio Ejecutivo.

En el plan normativo de 2023 se dice que con esta vía, la del proyecto de ley, la iniciativa «daría cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, la cual fija el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para promover la modificación de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación». Ello, prosigue Moncloa, «con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Esta reforma, que sería promovida por el Ministerio del Interior, según consta en dicho plan normativo, está pensada especialmente para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. La Ley de Memoria Democrática fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez gracias a los votos de la organización proetarra Bildu, un partido que no ha condenado la violencia de ETA y que ha incluido en sus listas a condenados por terrorismo, tanto en las pasadas elecciones generales como en las autonómicas que tendrán lugar en el País Vasco el próximo 21 de abril.