La Fiscalía Europea investiga ya el nuevo caso ERE que afecta a las ayudas de Escrivá a la inmigración

La Justicia investiga ya un nuevo caso ERE: la Justicia española, y ahora, además, la Fiscalía Europea, que ha solicitado toda la información ante la evidencia de que parte de las ayudas defraudadas pueden haber procedido de fondos europeos. El escándalo se centra en las subvenciones a la inmigración y a la implantación de la mujer en el campo. Y la Justicia trabaja con la sospecha de que la primera denuncia -adelantada por OKDIARIO- puede ser la punta de un iceberg de corrupción en la época actual y con respecto a partidas asignadas, entre otros, por el ministerio de José Luis Escrivá y procedentes incluso de fondos de la UE.

El nuevo escándalo afecta a sindicatos y a las ayudas concedidas, por varios ministerios. Uno de ellos, el Ministerio de Migraciones. Se trata, de hecho, de un nuevo caso de fraude que se ha cebado en las ayudas a la inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. Las subvenciones dirigidas a este fin no han dejado de crecer y suponen en todo el Gobierno y contando con los distintos departamentos un total de 424 millones de euros.

OKDIARIO ha publicado ya esta denuncia y ha aportado los documentos que soportan la acusación de falsificación de firmas y fraude en el cobro de subvenciones por parte de sindicatos. Ahora, ha sido la Fiscalía Europea la que notificado su reclamación del “testimonio de la denuncia, querella o informe policial que haya dado lugar a la formación de la causa”. Ha pedido, igualmente, “el testimonio del auto de incoación de las actuaciones”. Pide a la Justicia que le entregue “los hechos investigados y los países que estuvieran implicados, en el caso de que los hubiese”. Exige “el importe estimado de la cuantía defraudada y ejercicios fiscales afectados”. Y, por último, reclama “el estado en que se encuentra la causa, con remisión de testimonio de la última resolución”.

Entrega fraudulenta de fondos

Todo ello, firmado, por los “fiscales europeos delegados” como reclamantes de toda es información para poder seguir un caso en el que sospechan que se puede haber entregado dinero procedente de los fondos europeos de forma fraudulenta. La denuncia en poder judicial señala que “alguien, en representación de la entidad Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en fecha 21/10/2020, ha imitado la firma” de una empleada “en tres partes de tiempo mensual” correspondientes a expedientes de concesión de subvenciones.

Las partidas a las que alude la denuncia son las de ayudas a la inmigración y a la mujer en el entorno rural. Y los documentos que ha aportado este diario recogen, efectivamente, esos partes de trabajo firmados que justifican el acceso a las subvenciones y que acaban de ser denunciados como falsos por la supuesta firmante.

El Gobierno ha impulsado sin cesar las subvenciones a la integración de inmigrantes y a la mujer rural. PSOE y Podemos han hecho bandera de esas ayudas y de la necesidad de que los sindicatos desarrollen sus acciones centradas en aumentar la presencia de la mujer en el campo y la integración laboral de los extranjeros. Y se abre ya un nuevo caso de corrupción sindical. Una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla que recoge, efectivamente, la acusación de falsificación de firmas para hacer figurar trabajos y asesorías con el único objetivo de cobrar las subvenciones públicas de forma fraudulenta. Un nuevo caso que recuerda al de los fondos de formación o al de los ERE, pero, ahora, con el campo y las ayudas feministas.

Se trata de uno de los nuevos manás presupuestarios: las ayudas a la inmigración y a la incorporación de la mujer a la agricultura. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 recogen ya, por ejemplo y dentro de la partida de más de 500 millones de euros del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, un total de 32,5 millones de euros para combatir «la masculinización del mundo rural». Las ayudas a inmigrantes, por su parte, ya en los actuales Presupuestos han supuesto 424 millones de euros.