La justicia investiga ya un nuevo ‘caso ERE’ en las subvenciones a inmigrantes y a la mujer rural

El Gobierno ha impulsado sin cesar las subvenciones a la integración de inmigrantes y a la mujer rural. PSOE y Podemos han hecho bandera de esas ayudas y de la necesidad de que los sindicatos desarrollen sus acciones centradas en aumentar la presencia de la mujer en el campo y la integración laboral de los extranjeros. Y ya hay un nuevo caso de corrupción sindical. Una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla recoge la acusación de falsificación de firmas para hacer figurar trabajos y asesorías con el único objetivo de cobrar las subvenciones públicas de forma fraudulenta. Un nuevo caso que recuerda al de los fondos de formación, pero, ahora, con el campo y las ayudas feministas.

Se trata de uno de los nuevos manás presupuestarios: las ayudas a la inmigración y a la incorporación de la mujer a la agricultura. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 recogen ya, por ejemplo y dentro de la partida de más de 500 millones de euros del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, un total de 32,5 millones de euros para combatir «la masculinización del mundo rural”.

Las ayudas a inmigrantes, por su parte, ya en los actuales Presupuestos han supuesto 424 millones de euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que “alguien, en representación de la entidad Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en fecha 21/10/2020, ha imitado la firma de quien suscribe en tres partes de tiempo mensual correspondientes a los siguientes Expedientes:

A) Expediente No: FLU 20/20/00011 
Actuación: Asesoramiento e información sociolaboral. Entidad: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Provincia: Huelva

B) Expediente No: FLU 20/20/00011. Actuación: organización y coordinación de las contrataciones y desplazamientos. Entidad: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Provincia: Huelva.

C) Expediente No: FLU 20/20/00011. Actuación: visitas a alojamientos y elaboración de informes sobre las condiciones de los mismos. Entidad: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Provincia: Huelva”.

Los programas de actuación citados “se encuentran encuadrados en los proyectos de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y cohesión social, cofinanciadas por Fondos de la Unión Europea”, señala la denuncia.

La denuncia añade que, como se destaca en la propia resolución de una de las subvenciones, “quien tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención general de la Administración del Estado”. Por tanto, esta parte pone los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial, en la medida que también resulta parte perjudicada por esos hechos, y sin perjuicio que el Juzgado lo ponga en conocimiento del Servicio Nacional Coordinación Antifraude de la Intervención general de la Administración del Estado.

El escrito de denuncia apunta a delitos indiciarios de “suplantación de la personalidad, y la falsificación de la firma” porque, de esos comportamientos pueden “derivarse beneficios basados en una ilícita obtención y utilización de fondos europeos destinados a subvencionar esos proyectos y programas dirigidos a la integración de inmigrantes. Proyectos en los que se enmarcarían las actuaciones, que, realmente, no se han desarrollado y en las que no ha intervenido, participado, ni cobrado absolutamente nada la Sra. G.”.

Fraude extendido

La denuncia asume la posibilidad de una extension del fraude: “Todo ello, ignorando, además, si ha podido ser utilizado su nombre, y a través también de falsificaciones de su firma e identidad, en otras actuaciones correspondiente a esos u otros proyectos subvencionados, y lo que es más grave, ignorando, si pudiera tratarse de un incidente aislado, que, de por sí ya presentaría indicios racionales de criminalidad, o bien se ha podido utilizar con otros trabajadores, el mismo mecanismo supuestamente fraudulento para justificar partidas de subvenciones en programas de actuación que tampoco hayan tenido lugar”.

Y es que el equipo jurídico de la denunciante avisa de que “lo cierto, es que, aunque, en estos casos, sin que haya existido falsedad de firma o suplantación de su personalidad, la mandante ha sido contratada, pero sin cambiar nunca su sede de trabajo en Avenida de Reino Unido N1 (sede de COAG) para intervenir cobrando el mismo salario, en programas para otros Sindicatos vinculados”.

“En concreto con el Sindicato CERES (Asociación Mujeres Mundo Rural), que es un Sindicato satélite que depende de COAG, en concreto para el programa: Campaña de información, sensibilización y concienciación a consumidores sobre organismos modificados genéticamente y repercusiones medioambientales, económicas y sociales. Programa en el que nunca ha intervenido, pues siempre ha trabajado para COAG en cuestiones relacionadas con la Política Agraria Común (PAC). Ese programa era para el periodo 1/03/2018 al 31/05/2018, con una reducción de jornada de 1 hora diaria, 5 horas semanales, en COAG, en lugar de las 40 semanales; y destinando las 35 horas restantes a trabajos en el referido programa de CERES, en el que, como se ha dicho, no intervino, pues durante todo ese tiempo siguió desarrollando su actividad laboral ordinaria para COAG”.

El fraude puede, efectivamente haberse extendido: «También ha sido contratada para otros programas específicos que nunca ha realizado o en los que haya intervenido, en concreto para UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España). Esa campaña versaba sobre Proyectos de formación, divulgación y asesoramiento y para el periodo 1/06/2018 a 31/12/2018 con una reducción de jornada de 1 hora diaria, 5 horas semanales, en COAG, en lugar de las 40 semanales; y destinando las 35 horas restantes a trabajos en el referido programa de UATAE, en el que, igualmente tampoco intervino, pues durante todo ese tiempo siguió desarrollando su actividad laboral ordinaria para COAG”, señala la denuncia.

Por último “también fue contratada para un programa desarrollado por FEMPES (Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social); en ese programa “para asesoramiento de mujer para el ámbito rural y desarrollo del proyecto económico y liderazgo femenino de la economía social andaluza.” Esa campaña era para el periodo 2/1 /2019 a 13/2/2019, con una dedicación exclusiva, en principio a ese proyecto en el ni que decir tiene, que tampoco intervino, pues su jornada completa semanal de 40 horas las siguió dedicando a su trabajo para COAG, en su mismo centro de trabajo”.

Y, tal y como afirma la denunciante, “no ha intervenido en ninguno de esos programas, pues siempre ha trabajado para COAG en cuestiones relacionadas con la Política Agraria Común (PAC), realizando siempre su trabajo en la sede sita en Avda. Reino Unido”.

El COAG es una organización agraria profesional de ámbito estatal. Está reconocida por el Ministerio de Agricultura, y goza de la condición de entidad beneficiaria para concurrir a la convocatoria de los proyectos subvencionados para integración de inmigrantes, al reunir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden ESS/1423/2012 de 29 de junio.