Estos son los documentos que prueban el nuevo ‘caso ERE’ con las ayudas del ministerio de Escrivá

La Justicia investiga ya un nuevo caso ERE. En esta ocasión, con las ayudas a la inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. Las subvenciones dirigidas a este fin no han dejado de crecer, suponen en todo el Gobierno y contando con los distintos departamentos un total de 424 millones de euros, y cuentan ya con la denuncia de una primera sangría sindical. OKDIARIO ha publicado esta denuncia y aporta ahora los documentos que soportan la acusación de falsificación de firmas y fraude en el cobro de subvenciones por parte de sindicatos.

La denuncia señala que “alguien, en representación de la entidad Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en fecha 21/10/2020, ha imitado la firma” de una empleada “en tres partes de tiempo mensual” correspondientes a expedientes de concesión de subvenciones. Las partidas a las que alude la denuncia son las de ayudas a la inmigración y a la mujer en el entorno rural. Y los documentos que hoy aporta este diario recogen, efectivamente, esos partes de trabajo firmados que justifican el acceso a las subvenciones y que acaban de ser denunciados como falsos por la supuesta firmante.

El Gobierno ha impulsado sin cesar las subvenciones a la integración de inmigrantes y a la mujer rural. PSOE y Podemos han hecho bandera de esas ayudas y de la necesidad de que los sindicatos desarrollen sus acciones centradas en aumentar la presencia de la mujer en el campo y la integración laboral de los extranjeros. Y se abre ya un nuevo caso de corrupción sindical. Una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla que recoge, efectivamente, la acusación de falsificación de firmas para hacer figurar trabajos y asesorías con el único objetivo de cobrar las subvenciones públicas de forma fraudulenta. Un nuevo caso que recuerda al de los fondos de formación o al de los ERE, pero, ahora, con el campo y las ayudas feministas.

Se trata de uno de los nuevos manás presupuestarios: las ayudas a la inmigración y a la incorporación de la mujer a la agricultura. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 recogen ya, por ejemplo y dentro de la partida de más de 500 millones de euros del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, un total de 32,5 millones de euros para combatir «la masculinización del mundo rural”. Las ayudas a inmigrantes, por su parte, ya en los actuales Presupuestos han supuesto 424 millones de euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que “alguien, en representación de la entidad Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en fecha 21/10/2020, ha imitado la firma de quien suscribe en tres partes de tiempo mensual correspondientes a los siguientes Expedientes:

A) Expediente No: FLU 20/20/00011 
Actuación: Asesoramiento e información sociolaboral. Entidad: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Provincia: Huelva

B) Expediente No: FLU 20/20/00011. Actuación: organización y coordinación de las contrataciones y desplazamientos. Entidad: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Provincia: Huelva.

C) Expediente No: FLU 20/20/00011. Actuación: visitas a alojamientos y elaboración de informes sobre las condiciones de los mismos. Entidad: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Provincia: Huelva”.

Los programas de actuación citados “se encuentran encuadrados en los proyectos de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y cohesión social, cofinanciadas por Fondos de la Unión Europea”, señala la denuncia.

Fraude en las subvenciones

Pero los partes de justificación se firman con el ministerio que lidera José Luis Escrivá. La denuncia añade que, como se destaca en la propia resolución de una de las subvenciones, “quien tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención general de la Administración del Estado”. Por tanto, esta parte pone los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial, en la medida que también resulta parte perjudicada por esos hechos, y sin perjuicio que el Juzgado lo ponga en conocimiento del Servicio Nacional Coordinación Antifraude de la Intervención general de la Administración del Estado.

El escrito de denuncia apunta a delitos indiciarios de “suplantación de la personalidad, y la falsificación de la firma” porque, de esos comportamientos pueden “derivarse beneficios basados en una ilícita obtención y utilización de fondos europeos destinados a subvencionar esos proyectos y programas dirigidos a la integración de inmigrantes. Proyectos en los que se enmarcarían las actuaciones, que, realmente, no se han desarrollado y en las que no ha intervenido, participado, ni cobrado absolutamente nada la Sra. G.”.

La denuncia asume la posibilidad de una extensión del fraude: “Todo ello, ignorando, además, si ha podido ser utilizado su nombre, y a través también de falsificaciones de su firma e identidad, en otras actuaciones correspondiente a esos u otros proyectos subvencionados, y lo que es más grave, ignorando, si pudiera tratarse de un incidente aislado, que, de por sí ya presentaría indicios racionales de criminalidad, o bien se ha podido utilizar con otros trabajadores, el mismo mecanismo supuestamente fraudulento para justificar partidas de subvenciones en programas de actuación que tampoco hayan tenido lugar”.

Y es que el equipo jurídico de la denunciante avisa de que “lo cierto, es que, aunque, en estos casos, sin que haya existido falsedad de firma o suplantación de su personalidad, la mandante ha sido contratada, pero sin cambiar nunca su sede de trabajo en Avenida de Reino Unido N1 (sede de la  COAG) para intervenir cobrando el mismo salario, en programas para otros Sindicatos vinculados”.