El coladero de la Ley de Nietos: el PSOE ya admite que «todo» descendiente de español «tiene derecho a ser español»

En octubre de 2022, el Gobierno aprobó, gracias a Bildu, la autodenominada Ley de Memoria Democrática para hacer «justicia» con las víctimas del franquismo. Entre las medidas de «reparación» figuraba el acceso a la nacionalidad para los descendientes de los exiliados políticos. Sin embargo, como reveló OKDIARIO, una instrucción posterior del Ministerio de Justicia desvirtuó el sentido de la ley, permitiendo nacionalizar a nietos o bisnietos de emigrantes que salieron de España incluso antes de la Guerra Civil, por tanto, sin la condición de exiliados. El PSOE ya no esconde esa desviación de la norma, que derivará en una extraordinaria ampliación del censo de votantes en el exterior.

Así lo expresó el senador socialista y secretario del PSOE Exterior en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, César Mogo, durante un viaje a Argentina para reunirse con la colectividad española, en noviembre del año pasado.

«Hacemos legal lo que era natural. La naturalidad es que todo descendiente de español se sentía español. Pues ahora concedemos ese derecho, que tiene el sello de los derechos del presidente Pedro Sánchez», aplaudió Mogo en una entrevista en el programa Mañanas Picantes de la televisión argentina, desvelando así la auténtica vocación del Gobierno socialista con la Ley de Nietos: ampliar el acceso a la nacionalidad a «todo» descendiente de español.

«Pienso mucho en la gente que viajaba en barco hacia Argentina, aquellos abuelos o bisabuelos pensarían siempre que sus nietos tenían que ser españoles. Es lo que estamos reconociendo», rememoró Mogo entusiasmado.

Según los últimos datos actualizados, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad y se están tramitando 1,2 millones de expedientes, de los que 545.000 cuentan ya con una resolución favorable.

Y es que la Ley de Memoria Democrática permitía solicitar la nacionalidad española a «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

La instrucción firmada por Sofía Puente -hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública- apenas una semana después de la aprobación en el Congreso, dio un nuevo sentido a la norma, permitiendo optar a la nacionalidad tanto a «los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles» como a «los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella».

«Finales del siglo XIX»

El propio César Mogo ha insistido en esa interpretación. En un artículo en El Progreso de Lugo, en octubre del año pasado -cuando se cerró el plazo para solicitar la nacionalidad-, el senador fue taxativo al afirmar que todos los descendientes de emigrantes son españoles «por derecho».

«Una descomunal corriente humana recorrió océanos y atravesó fronteras en busca de aquello que no se les ofrecía en su país, ¡porvenir! Desde finales del siglo XIX y una gran parte del XX, Galicia importó a sus hombres y mujeres por todo el mundo (…) Por derecho, había que hacer legal lo que es real: en 2022, la voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez hizo posible a través de la Ley de Memoria Democrática que los descendientes de aquellos españoles contasen con la oportunidad de optar a la nacionalidad de origen de sus abuelos y abuelas (…) ¡No sólo los queremos, también los necesitamos!», ensalzó el responsable del PSOE Exterior.

OKDIARIO ha venido revelando cómo se está concediendo la nacionalidad a descendientes de emigrantes de principios del siglo pasado, que no encajan por tanto en el espíritu de la Ley de Memoria Democrática de hacer «justicia» con los exiliados del franquismo.

Es el caso de los descendientes de una familia que dejó Asturias para instalarse en Chile «el 1 de enero de 1936», es decir, casi medio año antes de la sublevación militar contra la Segunda República.

Otro ejemplo es el de una mujer cuyos abuelos nacieron en torno a 1888 y zarparon a Cuba con 17 años. Si la partida se produjo alrededor de 1905, eso es 31 años antes del estallido de la Guerra Civil española causante del exilio.

Impacto electoral

En términos electorales, es relevante el impacto que pueden tener estas nuevas nacionalizaciones. Como ejemplo, sirvan las últimas elecciones celebradas: el PSOE fue la fuerza más votada entre los españoles en el exterior en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía  mientras, en el recuento total, el PP se proclamaba claro vencedor.

Este incremento del censo electoral puede tener consecuencias en aquellas circunscripciones en las que el último diputado depende de una diferencia mínima de votos.

Cuando resta apenas un año para las generales, el Gobierno acelera los trámites para desatascar los expedientes de la Ley de Nietos.

Como ha ido desvelando este periódico, se está implementando un nuevo sistema que permitirá la inscripción inmediata en la matrícula consular -y, con ello, el derecho a voto- una vez concedida la nacionalidad.

Igualmente, se ha habilitado un «procedimiento especial» para que los hijos de los recién nacionalizados sean españoles cuanto antes.

En paralelo, el Gobierno intenta incentivar la participación de esta nueva colectividad. Tras la supresión del voto rogado, el Ejecutivo considera que la movilización no es aún la deseada. El objetivo es llegar al 30% del voto exterior -ahora está en el 10%-, y ya ha consultado a la Junta Electoral para promover medidas en este sentido.

Y es que los nuevos nacionalizados son, sin duda, un jugoso granero de cara a unas generales en las que Sánchez se lo juega todo. En las últimas semanas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visitado Argentina y Uruguay para ensalzar el proceso de nacionalización. En estos países celebró el impacto de la Ley de Nietos, prometiendo que todos aquellos que han solicitado la nacionalidad la tendrán.

«Les tengo que dar la buena noticia de que todas ellas tienen legalmente garantizado su derecho», proclamó Torres desde Buenos Aires. Su ministerio matizó después que serán españoles «quienes cumplan los requisitos y hayan presentado su solicitud en tiempo y forma». Sólo en Argentina, dijo el ministro, «hay más de un millón de peticiones». La realidad es que un porcentaje mínimo son denegadas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó esta misma semana contra la Ley de Memoria por otorgar «dos millones y medio de nacionalizaciones a personas que no han nacido en España» y que «probablemente» «la mayoría no conozca» el país.

«¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración, por romper el consenso en materia de retorno, por regularizar a todos los que estén en España el 31 de diciembre del año 2025 y a la vez meter dos millones y medio de nacionalizaciones de forma inmediata?», se preguntó Feijóo en una entrevista en Antena 3.