Fernández Díaz protege a Cospedal ante el juez antes de que decida sobre su imputación en ‘Kitchen’

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha acudido a declarar este viernes como investigado ante el juez Manuel García-Castellón por la operación Kitchen, el operativo policial montado para sustraer información sensible para el PP que obraba en poder del ex tesorero popular Luis Bárcenas. El ex ministro ha desvinculado de la operación a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, asegurando al magistrado que «nunca recibió instrucciones» de ella. La imputación de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, penden de un hilo. El instructor no se ha pronunciado sobre la solicitud de Anticorrupción a la espera de nuevas pruebas y, además, antes quería escuchar al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al ex ministro del Interior. La declaración de éste último complica una futura imputación de Cospedal.

Del mismo modo, Fernández Díaz también ha protegido ante el juez al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy de quien ha dicho que tampoco le dio órdenes sobre la operación Kitchen. Es más, se ha exculpado a él mismo y ha señalado que se enteró de todo «por la prensa». El juez le ha contestado: «Respeto mucho su trabajo como ministro pero perdóneme, usted no se enteraba de nada».

Requisar el móvil 

Fernández Díaz ha asegurado que los mensajes aportados a la causa por su número 2, Francisco Martínez, están manipulados. Ha explicado que el número de teléfono que aparece como remitente sí es el suyo pero que él nunca envió esos sms.

Las conversaciones que en su día aportó Martínez como prueba de que el ex ministro tenía conocimiento sobre el operativo decía así: «Chófer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con la mujer) Es importante». 

El fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que ha estado presente en el interrogatorio pese a que el Consejo Fiscal no le ha otorgado una plaza fija y le ha apartado de la causa tras confabularse con Podemos, ha solicitado al juez que requise el móvil de Fernández Díaz. Pero el magistrado ha respondido que el ex ministro no está obligado a darlo porque no tiene que autoincriminarse.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional imputó al ex ministro en la pieza separada número 7 del caso Villarejo después de que el que fuera su número 2, Francisco Martínez, afirmara que éste estaba al tanto de la operación montada para espiar a Bárcenas y su mujer.

El ex numero 2 de Interior corroboró este jueves, que también fue citado a declarar como investigado, cuando afirmó que se sintió muy dolido cuando Fernández Díaz negó que conociera la operación Kitchen puesto que él le reportaba toda la información del operativo al ex ministro. Martínez explicó que por ese motivo decidió ir al notario para aportar los mensajes intercambiados con el ex ministro del Interior e incorporarlos a la causa judicial.

El juez García-Castellón afirmó en el auto en el que imputó a ambos cargos del Ministerio del Interior que es evidente la existencia de un encargo realizado al comisario jubilado Villarejo «por personas vinculadas» al departamento que dirigía Fernández Díaz.

«La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro, y actuando por delegación de este, al parecer, el Secretario de Estado de Seguridad», recalcó el juez.

Espionaje a Bárcenas

OKDIARIO desveló en diciembre de 2018 que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015.

Para ello, pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de Luis Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del PP. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.

También sobornaron al chófer del ex tesorero popular, Sergio Ríos, quien realizó una labor de confidente y por la que recibió 2.000 euros netos mensuales durante dos años. En total, el topo cobró 48.000 euros por su papel como infiltrado y fue premiado con el ingreso en la academia de la Policía Nacional y la consiguiente entrega de una plaza en la escala básica