Díaz exige prohibir la compra de segundas viviendas y «reservar el mercado inmobiliario a los residentes»

La formación de Yolanda Díaz, Sumar, ha exigido la prohibición de la compra de segundas viviendas con el objetivo de «reservar el mercado inmobiliario a los residentes». Así lo ha solicitado en una iniciativa elevada a la Comisión Europea por uno de sus parlamentarios en la cámara comunitaria.

Vicent Marzà, eurodiputado por la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, ha presentado una pregunta con solicitud de respuesta escrita del Ejecutivo europeo, encabezado por la alemana Ursula von der Leyen. Se trata de una pregunta para la «limitación de la adquisición de segundas residencias».

A ojos del representante del partido de Yolanda Díaz, «algunos territorios europeos están experimentando una grave crisis de vivienda debido a las numerosas compras de segundas residencias». Marzà explica que este tipo de adquisiciones «reducen el acceso a la vivienda de los residentes locales y contribuyen a la pérdida de tierras agrícolas o naturales».

Desde Sumar, ponen como ejemplo un archipiélago las Aland, que es una región autónoma de Finlandia: «Regulan la adquisición de viviendas para evitar la compra de segundas residencias en su territorio y reservar el mercado inmobiliario a los residentes».

Como una isla que exige hablar el idioma

Allí, las autoridades reservan un parque de vivienda para los residentes de esas islas. Si un extranjero quiere adquirir una casa, tiene que demostrar que es ciudadano finlandés y manejar el sueco, que es el idioma oficial de las Aland. Y es que este archipiélago está al sur de Finlandia, cerca de la península sueca.

Tras poner como ejemplo a este territorio, Sumar se interesa por conocer si la Comisión puede aplicar «las disposiciones de las Aland en materia de regulación de la adquisición de viviendas a otros territorios de la Unión que se encuentren en situación similar».

En ese mismo sentido, pregunta si esta medida «puede aplicarse, en particular» para «reservar la adquisición de una vivienda a personas que tengan su residencia principal en un territorio durante un período determinado, sin discriminación alguna por razón de origen o nacionalidad, en territorios distintos de las Aland».

Otra de las cuestiones que plantea este representante de la formación de Yolanda Díaz es que «las autoridades públicas» también puedan «decidir reservar, en determinadas zonas, viviendas nuevas o antiguas únicamente para su uso exclusivo como residencia principal».

Impuesto del 25% a la venta de pisos

En una proposición no de ley, Sumar también propuso otra medida para frenar el mal uso de la propiedad privada y planteó un nuevo impuesto que gravara el 25% del precio total de la venta de la vivienda. Los socios del PSOE aseguran que se pondrá fin al «acaparamiento» inmobiliario y se ampliará el mercado para jóvenes y familias vulnerables.

La medida del ala comunista del Ejecutivo de Pedro Sánchez afectaría a las viviendas que sean vendidas por su propietario menos de 730 días después de comprarlas. Es decir, cuando el piso sea vendido menos de dos años después de haber sido comprado. Habría algunas excepciones en la aplicación de este gravamen, como que en la venta existan por motivos de necesidad de accesibilidad universal, enfermedad o modificación de la unidad de convivencia.

La medida se justifica en que España está sufriendo un «proceso de acaparamiento de vivienda». Desde Sumar, argumentan que los jóvenes son los más vulnerables por esta situación. Además, añaden que en los últimos años ha sido la vivienda «un bien de mercado con el que especular» por parte de un ala «minoritaria» de la sociedad española y por fondos buitre tanto del ámbito nacional como internacional.

La iniciativa, que busca acabar con la especulación del mercado inmobiliario, se trata de una proposición no de ley (PNL), lleva la firma del diputado de Compromís, integrado en el Grupo Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez i Mezquita. Y pone el foco en una técnica conocida como flipping inmobiliario; una estrategia de inversión para la compra de una propiedad de manera rápida y por debajo del valor de mercado. Para Sumar, se trata de «prácticas especulativas» al permitir a los propietarios revender un inmueble a un precio más elevado y de una manera más rápida.