Cuando los hijos fuman… y los padres pagan: la polémica de la ley antitabaco
La nueva propuesta legislativa prevé sancionar con hasta 100 euros a los padres de menores sorprendidos fumando o vapeando.

La reciente propuesta de ley antitabaco ha abierto un debate que va mucho más allá de la salud pública. Entre sus medidas más controvertidas está la idea de multar a los padres de menores que fumen. Una iniciativa que, lejos de generar consenso, está levantando muchas dudas sobre su eficacia y su justicia.
Familias en el centro del debate
Programas como ‘Y ahora Sonsoles’ ya han reflejado la preocupación de madres y padres que consideran que la medida no es realista. Muchos coinciden en que la educación sobre el consumo de tabaco debe empezar en casa, pero recuerdan también que no siempre es posible controlar lo que hacen los adolescentes fuera del entorno familiar.
Nadie duda de que es necesario reducir el consumo de tabaco entre los más jóvenes. Sin embargo, la pregunta es si este tipo de sanciones es la forma adecuada de conseguirlo. Multar a los progenitores puede tener un efecto disuasorio en algunos casos, pero también corre el riesgo de castigar a familias que ya hacen un esfuerzo por prevenir y educar.
¿Cuál es la alternativa?
Los expertos insisten en que las políticas más eficaces pasan por la prevención, la educación y la concienciación. Invertir en campañas informativas, reforzar la labor en los colegios y facilitar espacios de diálogo entre jóvenes, familias y profesionales sanitarios podrían resultar estrategias mucho más útiles que cargar las responsabilidades sobre los padres.
Una ley que divide opiniones
En definitiva, la propuesta busca un objetivo plausible —proteger a los menores del tabaco—, pero lo hace a través de un enfoque que deja muchos interrogantes. ¿Realmente es justo que las familias asuman la sanción económica por comportamientos que no siempre pueden controlar? ¿No sería más efectivo acompañarlas con recursos y apoyo en lugar de penalizarlas?
La polémica está servida, y lo cierto es que la medida abre un debate necesario sobre cómo abordar un problema de salud real, pero sin olvidar que detrás de cada estadística hay familias que necesitan apoyo, más que sanciones.