El CTTI esconde al Supremo mails de Artur Mas y las cúpulas de los partidos golpistas

El Centro de Tecnologías de la Generalitat (CTTI) tendrá que dar explicaciones ante el Juez Pablo Llarena por estar escondiendo a la Justicia mails de Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel y Mireia Boya. Lo está haciendo ahora, no en el tiempo previo a la aplicación del artículo 155.

El Tribunal Supremo ha constatado la falta de colaboración y ha tenido que volver a reclamar el volcado de los mails cifrados correspondientes a toda una larga lista de cargos del Govern depuesto o de responsables de los partidos separatistas, tal y como consta en la nueva diligencia que hoy publica OKDIARIO.

Entre ellos se encuentran correos de los 28 imputados actuales en el golpe separatista. Correos con información que puede resultar de gran valor en la investigación del desafío a la Constitución materializado por estos cargos y que, sin embargo, cuatro meses después del referéndum ilegal siguen sin estar a disposición judicial. En la lista de mails reclamados el ex presidente Artur Mas. Figura, por supuesto, Carles Puigdemont y todos los ex consejeros depuestos tras la activación del artículo 155 de la Constitución.

Figura, por lo tanto, Oriol Junqueras, pero también comunicaciones de los seis integrantes de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura encabezados por Carme Forcadell. Pero, quizás, lo más llamativo no son los correos de los cargos públicos del Govern o Parlament, sino los de los dirigentes de los partidos separatistas, donde se encuentra Marta Rovira (de ERC), Lluís Maria Corominas (del entonces PDeCAT) y Mireia Boya y Anna Gabriel (por parte de la CUP).

Entre los correos que la Guardia Civil y la Justicia buscan desde hace tiempo y el Centro de Telecomunicaciones de laGeneralitat tampoco ha puesto a disposición de los tribunales se encuentran también los correspondientes a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos máximos líderes en época del tope del 1-O -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- se encuentran actualmente en prisión preventiva, y los de Neus Lloveras, ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Es decir, de las tres asociaciones al servicio del separatismo que se han convertido en impulsoras permanentes de los incumplimientos legales investigados.

El juez Llarena quiere, sin embargo, más información. Y ha pedido también los correos de otras cinco personas que no figuran aún como investigados en su causa: Pere Aragonés, secretario de Economía de la vicepresidencia; Joan Vidal de Ciurana, exdirector gerente de Òmnium y exsecretario del Govern; el ex magistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer -fue también presidente del Instituto de Estudios de Autogobierno-; Víctor Cullell, ex responsable de la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno; y Josep María Reniu, encargado de la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno.

La Guardia Civil, habida cuenta de las dificultades para hacerse con datos vitales ha solicitado ya, de hecho, una auditoría general de la Generalitat, en especial de los pagos realizados y de la utilización de los fondos públicos, incluidos los procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Y es que las trabas de la Generalitat al desarrollo de la causa judicial, incluso en pleno 155, están siendo continuas y graves.