C’s termina con la protección parlamentaria al Gobierno y lo deja solo ante el peligro

Ciudadanos ha iniciado este martes una nueva ofensiva en su disputa electoral con el PP al desbloquear en la Mesa del Congreso la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La estrategia supone un giro radical en el partido de Albert Rivera, hasta ahora, un aliado para el Gobierno en vistas a retener aquellas iniciativas que fuesen contrarias a sus intereses.

La táctica no es puntual y se inició, semanas atrás, con el debate sobre la prisión permanente revisable. La intención de Ciudadanos es dejar de proteger al Ejecutivo y, en lo que esté en su mano, dar vía libre a aquellas propuestas que puedan desgastar al Gobierno en el ámbito parlamentario.

A estas alturas de legislatura, hay 40 leyes que se encuentran en trámite, en muchos casos, aplazadas desde hace más de un año por las sucesivas ampliaciones en la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Entre ellas, además de la conocida como ‘ley mordaza’, está la subida del Salario Mínimo Interprofesional, parada desde diciembre de 2016, la suspensión de la LOMCE, la desclasificación de Secretos Oficiales o la reforma de la Ley del Indulto.

El bloqueo sucesivo a determinadas iniciativas provocó la reacción del PNV que, con apoyo del PSOE, Unidos Podemos, ERC y Grupo Mixto impulsó un escrito a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el que se pedía que, una vez que el Pleno acepte tramitar una proposición de ley, la Mesa-en la que PP y Ciudadanos tienen cinco de los nueve miembros- fije un primer plazo de quince días para la presentación de enmiendas y que sólo permita dos prórrogas de una semana a instancias de un único grupo.

Una vez se supere ese primer mes, para seguir ampliando la presentación de enmiendas será necesario que lo pidan al menos dos grupos parlamentarios que representen, como mínimo, la mayoría de los miembros de la Cámara. A la vista de la actual fragmentación del Congreso, PP y Ciudadanos no serían suficientes para bloquear las iniciativas.

En el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, ésta fue aprobada por el PP en la legislatura de mayoría absoluta, pero entre fuertes críticas de la oposición.

La ley fue recurrida al Tribunal Constitucional y motivó dos proposiciones de ley, una del PSOE-con la abstención de Ciudadanos-y otra del PNV, apoyada por Rivera. En marzo de 2017, ambos fueran admitidas a trámite, pero las sucesivas prórrogas en la presentación de enmiendas han evitado hasta ahora la aprobación definitiva.

Con la decisión de Rivera, la oposición pasa a tener mayoría en la Mesa del Congreso para continuar con el trámite. PSOE y Unidos Podemos, con Ciudadanos, suman seis votos, por los tres del PP. De ahí que la postura de la formación ‘naranja’ resulte determinante para inclinar la balanza hacia el lado del Gobierno o de la oposición.

La estrategia de Rivera ha sido bien recibida por los socialistas, que reclaman ahora a Albert Rivera que les apoye en otras iniciativas, ya presentadas o futuras, como la ley sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, que presentó este martes. La postura de Ciudadanos, de nuevo, podría ser determinante para que la propuesta tenga recorrido en el Congreso.

La Mesa ya ha desbloqueado la propuesta de Podemos contra la discriminación del colectivo LGTBI o la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aplazada desde 2016.

Desde Ciudadanos descartan un interés partidista y aseguran que la estrategia responde a la propia organización del trabajo de la formación en el Congreso. Es decir, una vez el partido ya ha preparado todas sus enmiendas entienden que no corresponden más prórrogas.

La nueva postura de Ciudadanos ha irritado al PP. El portavoz del PP en Congreso, Rafael Hernando, ha lamentado que Rivera haya decidido desbloquear la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana «uniéndose a grupos de izquierdas».

«Me parece ridículo y muy contradictorio que pidan subida de salarios para Policía y Guardia Civil y que, por otro lado, busquen derogar o cambiar una ley que les protege frente a agresiones, infamias, calumnias o atentados contra su autoridad. Nosotros trabajaremos en la comisión que tramite esa presunta reforma y nos dedicaremos a explicar a los españoles las consecuencias de esa medida», ha dicho.