Dimite el número 1 de la Policía Nacional tras ser denunciado por violar brutalmente a una agente

José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha dimitido tras –como ha informado en primicia OKDIARIO– admitirse a trámite la querella que ha presentado una subordinada contra él por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.

Así lo han informado a OKDIARIO fuentes del Ministerio del Interior tras destaparse este escándalo contra el número 1 de la Policía Nacional –el primer cargo no político– y mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska. 

El Juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, así como a la querellante: una agente con la que éste mantuvo en el pasado una relación de afectividad, «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta», dado que él ostentaba la máxima responsabilidad operativa dentro del Cuerpo Nacional de Policía.

Tras conocerse la admisión a trámite de la querella, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional había reclamado su cese inmediato, destacando que «la ejemplaridad no puede ser una exigencia exclusiva para los agentes de base mientras se flexibiliza cuando se trata de los más altos mandos», sino que «la vara de medir debe ser la misma para todos».

Control y sumisión

Según se desprende de la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, «esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación».

Sin embargo, se veía impedida para materializarlo por «la presión psicológica ejercida mediante la invocación reiterada de su autoridad jerárquica, el temor fundado a represalias profesionales derivadas de su posición de poder, y la utilización de recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener contacto y control sobre la víctima».

La relación finalizó definitivamente «por decisión unilateral de la querellante, circunstancia que el DAO no aceptó, iniciando a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado» que culminó con los gravísimos hechos objeto de la querella.

Violación en la vivienda oficial

Según relata la querella, el 23 de abril de 2025, encontrándose la víctima prestando servicio, recibió a partir de las 14:15 horas «múltiples llamadas telefónicas del querellado requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria».

Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, que alegó razones laborales obvias, como era encontrarse en servicio activo, el querellado, «haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la Comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente».

Posteriormente, «y abusando de forma flagrante de los recursos públicos adscritos a su cargo», el querellado «ordenó que la víctima fuera trasladada mediante vehículo oficial de la citada comisaría de Coslada, conducido por la querellante, hasta un restaurante donde se encontraba comiendo con el comisario Óscar San Juan González.

Sobre las 16:30, la víctima se unió a ellos, que se encontraban tomando una copa. Al terminarla, el querellado «ordenó» a la agente que lo llevara a su domicilio oficial, vivienda de titularidad pública. Una vez que el vehículo oficial se detuvo frente al inmueble, durante 15 o 20 minutos, el querellado «propuso a la víctima subir a la vivienda», a lo que ésta se negó de forma reiterada, manifestando su «incomodidad» con la situación y su deseo de marcharse y regresar a su puesto de trabajo.

Según la querella, el DAO «desplegó durante este tiempo una intensa presión psicológica», insistiendo «de forma obsesiva y manipulativa» hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecino, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban «a hablar sobre nosotros dos».

Brutal violación

Una vez en el interior del domicilio oficial, concretamente en la cocina, el querellado sirvió dos copas de cerveza e «inició de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento».

A partir de ese momento, y «pese a las negativas inequívocas, claras y persistentes» de la agente, el querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima».

En el interior de la vivienda, el querellado «insistió en la práctica de actos sexuales», que la víctima rechazó de forma expresa en todo momento, pese a lo que el DAO «de forma insistente tocó con su mano en la vagina a la víctima». Acto seguido, «le introdujo los dedos y comenzó a masturbarla».

Mientras, él exclamaba que lo besara.

La víctima le dejó insistió en «se estaba negando en serio», a lo que el querellado le respondió con un «estás gilipollas», y continuó con su acción intentando doblegar us voluntad. Ésta, reiteró su negativa expresa de forma reiterada. Sin embargo, él «la sujetó, procedió a bajar el pantalón de ella de forma inconsentida y sorpresiva, y le metió la mano de nuevo e introduciendo los dedos en la vagina, mientras con su otra mano, cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto para que lo tocara».

Mientras tanto, exclamaba a la víctima que no podía dejarlo, que lo tocara,  que tenía muchas ganas de estar con ella, de mantener relaciones sexuales y que le estaba suplicando mucho, según consta en el relato de hechos.

Tras conseguir zafarse de José Ángel González y poder abandonar el domicilio, la víctima recogió el vehículo policial camuflado que había utilizado para desplazarse hasta el lugar y se dirigió a su comisaría, dejó el vehículo, y se fue a su casa.

Crisis de ansiedad

Una vez en su domicilio, sufrió una crisis de ansiedad severa, caracterizada por llanto incontrolado, temblores, hiperventilación, sensación de irrealidad y bloqueo emocional, sintomatología reactiva inmediata compatible con la vivencia de una agresión sexual traumática.

El querellado le realizó «distintas llamadas de recriminación, así como el envío continuo de mensajes», los cuales han sido adjuntados a la querella.

Acoso telefónico

Tras los hechos, el DAO inició «una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima, orientada a «mantener el control sobre la víctima; minimizar la gravedad de su conducta delictiva; culpabilizarla de lo sucedido e impedir que ella denunciara los hechos».

Además, llegó a ofrecerle «compensaciones laborales» como «precio del silencio». Según explica la querellante, el 23 de abril recibió hasta 17 llamadas telefónicas de este sujeto en un intervalo temporal breve, ninguna de las cuales fue atendida por ella. La querellante adjunta como prueba documental el listado de las llamadas recibidas.

Ante la falta de respuesta, el querellado envió mensajes de WhatsApps de contenido «manipulativo, minimizador de los hechos y culpabilizador hacia la víctima. Asimismo, mediante dichos mensajes «intentó invertir los roles de agresor y víctima, presentándose a sí mismo como la parte perjudicada».

La agente le indicó por WhatsApp que «no quería hablar con él», expresándole que había traspasado una línea roja.

Posteriormente, el día 24 de abril, el querellado utilizó no sólo su teléfono personal, sino también los teléfonos oficiales del despacho del DAO para  llamarla, «evidenciando el uso de medios públicos para fines privados y espurios; la intención de eludir el bloqueo telefónico de la víctima y la obsesión por contactar con ella a toda costa».

El 20, 21 y 22 de mayo, el querellado realizó nuevamente «numerosas llamadas desde su teléfono personal y desde dos de los teléfonos de sus despachos oficiales hacia la víctima, manteniéndose la conducta obsesiva de contacto no deseado».

Finalmente, el 22 de mayo, «tras días de insistencia mediante llamadas y mensajes, y ante la manifestación por parte de la víctima de su intención de denunciar los hechos, el querellado consiguió que la víctima accediera a hablar telefónicamente con él». Durante dicha conversación, el querellado «negó inicialmente los hechos del 23 de abril y posteriormente los minimizó».

Amenazas veladas

Además, profirió «amenazas veladas» de consecuencias profesionales mediante la expresión: «Vete a la mierda, vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar»,  en referencia a un determinado puesto de trabajo.

El 12 de mayo prosiguió con las llamadas, llegando a hacer una el 7 de julio hasta cinco desde el teléfono personal de Óscar San Juan González, comisario de la Policía Nacional y asesor directo del DAO, las cuales la agente no respondió.

El día 13 de julio de 2025, Óscar San Juan «mantuvo conversación telefónica con la víctima», en la cual le propuso textualmente que «elija a qué destino/puesto de trabajo quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp».

Intento de coacción

En ese momento, la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González, a lo que, según la querella, éste le contestó «que no sabe de qué habla y que sólo la llamaba para saber sus intereses». «Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames», insistió la agente, que adjunta a la querella el audio completo de dicha conversación.

Para su abogado, esta conducta constituye inequívocamente un intento de coacción mediante oferta de compensación laboral –destino a elección– a cambio del silencio de la víctima, utilizando a un subordinado directo para evitar la denuncia y «tapar» el escándalo público que generaría esta querella.

Posteriormente, cuando la víctima se iba a incorporar a a un nuevo puesto de trabajo y estaba en el despacho de la subdirectora de recursos humanos y personal, recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, comunicó a la subdirectora que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral, con el armamento retirado.

«La baja laboral es debida a los hechos denunciados y a la continua y coordinada una campaña sistemática de presión psicológica, acoso telefónico, manipulación emocional y ofrecimiento de compensaciones laborales ilícitas, todo ello orientado a impedir que la víctima ejerciera su legítimo derecho a denunciar los hechos delictivos sufridos y a doblegar su voluntad mediante intimidación ambiental derivada de su posición de poder institucional», explica en la querella el abogado de la agente, Jorge Piedrafita.

Según expone, como consecuencia directa e inmediata de la agresión sexual sufrida el 23 de abril y del acoso posterior desplegado por el querellado, la víctima ha sufrido un grave menoscabo de su salud mental e integridad psíquica, que requiere de tratamiento médico especializado y que determinó finalmente, tras semanas de somatización interna, su incapacidad temporal para el desempeño de sus funciones profesionales.

La querellante se encuentra de baja desde el 28 de julio de 2025. La querella la presentó el pasado 9 de enero.