El jefe de la Policía Nacional violó a su subordinada en la vivienda oficial

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, máxima autoridad uniformada del cuerpo y número uno de la escala operativa del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha sido denunciado por una agente bajo su mando por haberla violado el pasado 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial adscrita a su cargo, tras obligarla a desplazarse hasta allí en un vehículo policial camuflado mientras se encontraba en servicio activo.

La querella criminal, presentada el 9 de enero de 2026 ante el Juzgado de Instrucción de Madrid, acusa a González Jiménez de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad en todos los delitos.

La víctima, funcionaria de carrera de la Policía Nacional de rango inferior al querellado, mantuvo en el pasado una relación sentimental con el DAO, relación que, según el escrito, estuvo «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta».

Los hechos denunciados comenzaron el 23 de abril cuando el DAO realizó múltiples llamadas desde las 14:15 horas requiriendo la presencia de la agente «de forma inmediata y perentoria», pese a que ella se encontraba prestando servicio en la Comisaría de Coslada. Ante su negativa, González Jiménez utilizó su autoridad institucional para ordenarle que abandonara su puesto en un vehículo oficial, un Renault Kadjar.

Tras reunirse en un restaurante junto al comisario Óscar San Juan, asesor directo del DAO, el querellado ordenó que la agente le llevara a su domicilio oficial. Durante los 15 o 20 minutos que permanecieron en el vehículo frente al inmueble, la víctima se negó de forma expresa y reiterada a subir. Finalmente, accedió bajo la promesa explícita del acusado de que únicamente iban «a hablar sobre nosotros dos».

Una vez en el interior, y pese a las negativas «inequívocas, claras y persistentes» de la agente, el querellado la agredió sexualmente. Según el escrito, «introdujo los dedos en la vagina» de la víctima, «bajó el pantalón de forma inconsentida y sorpresiva» y, mientras ella «se negaba en serio», él le decía que «estaba gilipollas» y le suplicaba que mantuvieran relaciones sexuales. En un momento de la agresión invocó explícitamente su cargo con la expresión «Oye, que soy el DAO».

Tras conseguir escapar, la agente sufrió una crisis de ansiedad severa. El 28 de julio de 2025 causó baja laboral por incapacidad temporal y le fue retirado el armamento reglamentario.

El acoso posterior que describe la querella es tan minucioso como pertinaz. Sólo el mismo día de la agresión, el querellado realizó 17 llamadas telefónicas en un intervalo breve, ninguna atendida. A continuación envió mensajes de WhatsApp con expresiones como «borrica» intentando, según la acusación, «invertir los roles de agresor y víctima».

El 13 de julio de 2025, el asesor San Juan González llamó a la víctima y le propuso textualmente que «elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir», en lo que la querella califica de intento de «compra del silencio» mediante dádivas profesionales. La agente rechazó la proposición con una respuesta lacónica y rotunda: «No contesto a su proposición».

El 24 de julio, cuando la víctima se incorporaba a su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía, edificio donde también trabajaba el querellado, recibió una nueva llamada desde el despacho del DAO. Ese día comunicó a su subdirectora que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental y fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial.

La querella también invoca el delito de malversación porque el acusado utilizó bienes públicos —vivienda oficial, vehículo policial, conductor, teléfonos del despacho y el tiempo profesional de su asesor— para fines estrictamente privados, en lo que la acusación califica de uso torticero y catilinario de los recursos del Estado.

González Jiménez ostenta el grado de comisario principal, el más alto dentro de la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, y ejerce autoridad jerárquica sobre más de 70.000 funcionarios en todo el territorio nacional. Su posición lo convierte en el responsable operativo directo de toda la estructura policial española, por debajo únicamente de cargos de designación política.

La querella aporta como prueba central una grabación de audio obtenida en el interior del domicilio oficial durante los hechos. La víctima también conserva registros de llamadas y mensajes. Si la instrucción judicial confirma los hechos tal y como han sido relatados, el caso apunta a convertirse en el mayor escándalo institucional de la Policía Nacional en años. El silencio que se intentó comprar por un destino laboral podría costar al imputado su libertad.