La cooperativa del amigo del edil Murgui despide a educadores por pensar diferente

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La cooperativa del amigo del edil Murgui despide a estos dos educadores, entre otros, por pensar diferente

La cooperativa del amigo del concejal de Manuela Carmena Nacho Murgui despidió a 7 trabajadores y entre los motivos que alegó para alguno de ellos fue el de pensar diferente.

Carlos y Laura trabajaban como tutora de aula y coordinador en la Escuela de Educación Infantil ‘Las Nubes’ en el distrito madrileño de Retiro. Su escuela es pública de gestión indirecta, es decir, está gestionada por una empresa privada que hasta 2016 era ‘Gestión de Escuelas Infantiles S.L.’ Sin embargo, en agosto de ese mismo año resulto adjudicataria otra empresa. Se trata de la cooperativa ‘No me bajo de las nubes’ en la que uno de sus miembros es amigo del concejal de este mismo distrito Nacho Murgui. Esta cooperativa asume la gestión de la escuela y realiza una subrogación en la relación laboral. Es decir, asegura a los trabajadores que ya formaban parte de la plantilla que seguirán trabajando con toda normalidad en la escuela.

Esta subrogación se produce el 16 de agosto y la cooperativa decide llamar y escribir por correo electrónico el 9 de agosto a sus trabajadores para emplazarles a que asistan a una serie de reuniones. Agosto es el mes de vacaciones de los empleados y muchos de ellos no se encontraban en Madrid, por lo que se amparan en su derecho de no acudir y advierten de que a su vuelta en septiembre asistirán con total normalidad. Algo que no sentó muy bien a la cooperativa que despidió a siete trabajadores.

De los siete despidos, tres se produjeron antes del día 2 e septiembre y los cuatro restantes el mismo día dos después que se incorporasen de sus vacaciones, excepto el de Laura que fue el día 5 de septiembre. Cuatro de estos despidos fueron de forma «disciplinaria» entre los que se encuentran Carlos, Laura, la directora del centro e, incluso, trabajadoras de la limpieza.

En la carta de despido de Carlos figuran como motivos de despido: “la total negativa y total falta de colaboración” por no asistir a reuniones de trabajo durante su periodo de vacaciones, así como que «transmite abiertamente múltiples opiniones que confirman la total discrepancia en los criterios pedagógicos que se siguen» por la cooperativa. A esto último, Carlos entiende perfectamente que se refiere a “pensar diferente” respecto a los criterios que la cooperativa pretende llevar a cabo, algo totalmente lícito si se respeta el principio de libertad de expresión. El propio Carlos señala que no lo considera ningún delito, cuando en algunas comisiones de seguimiento en las que también participaron miembros del Ayuntamiento les decían hasta el color de los folios que les tenían que poner a los niños. “Nos decían a los profesores cómo teníamos que enseñar y hasta qué programación llevar en el mes de julio cuando nunca ha habido ninguna programación específica porque el curso ya ha terminado”, señala.

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Carta de despido de Carlos.

Laura explica que en su carta de despido también figuraba el no haberse presentado a dichas reuniones durante su periodo de vacaciones. “Pusieron que tenía una conducta totalmente negativa ante las propuestas que me comentaron”, explica. Se trata de una propuesta que le hizo el nuevo órgano gestor de la escuela para trasladarla a un centro privado también bajo su gestión. Laura recalcó que eso se tenía que hacer por escrito ya que no es funcionaria sino que estaba adscrita a ese centro, según expone el pliego de condiciones. “Me dijeron que ellos no funcionaban así y que no me iban a dar ningún documento plasmando su petición. Yo sólo solicité que si me querían trasladar tenía que tener un documento donde lo hicieran con garantías”, señala Laura.

Entre los papeles de despido de Carlos y Laura, la cooperativa no incluyó, según aseguran, el certificado de empresa que en su caso es necesario para poder acudir al Inem y pedir la prestación por desempleo. Les achacan que quieren “ transgredir la buena fe contractual» para forzar su despido. “Me dijeron que estaba todo perfecto y me dieron el documento solo con 2 días, sin contar los 15 días de vacaciones que tuve. Al producirse la subrogación, esas vacaciones me las tiene que pagar también la cooperativa”, comenta Carlos. Dos meses después, inspección de trabajo dio la razón a Carlos y la cooperativa tuvo que rectificar.

Los dos educadores siguen en el paro y el próximo 4 de mayo se verán las caras con su antigua empresa y la cooperativa en los tribunales. Aseguran que se incumplen las condiciones del pliego que estableció el propio consistorio de Madrid por las cuales una vez que la subrogación aparece en el convenio están obligados a mantener a los trabajadores. Carlos señala que “la culpa también es del Ayuntamiento ya que no han puesto ningún mecanismo para controlar que esto se cumpliera”. La cooperativa no ha pagado las vacaciones de muchos de sus trabajadores actuales ni las de Carlos y Laura, según el testimonio recogido.

«La empresa anterior nos hizo una liquidación de contrato, por lo que no nos pagó el mes entero. Nos han comentado que en ninguna subrogación se efectúa ningún tipo de liquidación entre empresas. Simplemente la empresa nueva adquiere todos los derechos y obligaciones de la seguridad social de los empleados y ya está. También teníamos entendido que en una subrogación tiene que aparecer la firma de las tres partes implicadas, empresa entrante, saliente y empleados. Ese papel no existe por ningún lado”, aseguran los dos educadores.

«Esperamos que la justicia nos de la razón y declaren el despido o bien improcedente, que la empresa decide si paga la indemnización o la readmisión, o el despido nulo que directamente tendrían que readmitirnos. Después de lo que nos han hecho, sabemos que a los dos días nos van a querer echar otra vez. Nosotros somos profesionales por vocación y no de rebote y no entendemos que se nos trate de esta manera por guerras políticas”, lamentan.

Escuela pública de gestión indirecta

En el municipio de Madrid hay 56 escuelas infantiles municipales, 54 son de gestión indirecta. Esto significa que la gestión la lleva una empresa privada, aunque la escuela sea de titularidad publica. Es decir, que todas las decisiones en base a esa escuela las toma la empresa. “Muchas familias están muy desformadas y se piensan que por ver el logotipo de la Comunidad con públicas al 100% cuando no lo son”.

El criterio de Murgui

Un miembro importante de esta cooperativa es amigo del concejal de distrito Nacho Murgui. Ambos educadores le escribieron una carta con sello del propio distrito y aseguran que a día de hoy todavía no han tenido ninguna respuesta por parte del concejal ni de nadie de su equipo.

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Carta dirigida a Nacho Murgui.

Carlos y Laura cuentan en su testimonio que el curso pasado se establecieron unas comisiones de seguimiento donde acudían representantes del Ayuntamiento, entre ellos Murgui, con la directora de la escuela y los agentes educativos. “Estas comisiones en realidad eran para decirnos a los profesores qué debíamos enseñar, cómo y hasta el color de los folios de las programaciones de los niños”, explican.

«Nunca participamos en esas comisiones, pero nuestra directora sí y la presión que sufrió fue brutal. La asociación de padres de la escuela pedía unas reclamaciones y Murgui instaba a cumplirlas. Estas peticiones iban desde el color de los folios, la alimentación, las programaciones y hasta las actividades extraescolares que tenían que desarrollar, según explican. “En el mes de julio cuando termina el curso, estas escuelas permanecen abiertas pero sin programación. En una de esas comisiones se puso una programación específica. La empresa cedía para evitar problemas”, comentan.

Tanto Carlos como Laura critican este método ya que “como educadores y maestros tenemos una funciones que están definidas en el convenio y cuando se nos coarta nuestra libertad y nos las imponen entendemos que nuestras funciones dejan de insistir”, lamentan.

Este caso no sería el único, ya que el curso pasado en la escuela Fernando el Católico del distrito madrileño de Chamberí también sucedió algo similar donde la nueva empresa que también era una cooperativa no quiso ni subrogar a sus trabajadores.

Los empleados tuvieron que recoger firmas en la famosa plataforma ‘change.org’ y finalmente media plantilla se vio despedida. Entre los motivos de queja se encuentran la llegada de Podemos y Manuela Carmena con este tipo de sistema donde los trabajadores se ven desprotegidos por este tipo de cooperativas que lo que hace, en muchos casos denunciados, es ponerse al frente de la escuela y meter a los suyos despidiendo a los trabajadores subrogados. Una violación flagrante de sus derechos según el convenio fijado por el propio Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Asimismo, en el pliego de condiciones aseguran desde el consistorio que permanecerá vigilante si se incumplen estos puntos cuando tanto Carlos como Laura y desde otros centros ha habido numerosas quejas de que, realmente, el Ayuntamiento no establece ningún tipo de seguimiento ni de control.

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