El Consejo Fiscal confirmará este jueves a Alejandro Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción

El Consejo Fiscal confirmará este jueves en su cargo como fiscal jefe Anticorrupción a Alejandro Luzón, después de cinco años al frente de una institución que ha tenido que lidiar con grandes casos mediáticos como los de Juan Carlos I, Lezo, Púnica, Bárcenas, Erial, Pujol o la corrupción del «tres por ciento» en Cataluña. Con la ratificación de Luzón se produce una circunstancia rara avis en la judicatura: fue elegido por un fiscal general del Estado nombrado por el Partido Popular y ahora ratificado por otro distinto de un Gobierno socialista.

Luzón también concitó hace cinco años el apoyo de todas las asociaciones del Ministerio Público, tanto conservadoras como progresistas, aunque de los 11 votos del Consejo Fiscal obtuvo solo ocho. El fiscal madrileño cuenta con el apoyo del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fuera número dos de Dolores Delgado, que renunció a su cargo en julio pasado por motivos de salud.

El fiscal madrileño, nacido en 1964, fue elegido para una primera etapa al frente de la Fiscalía Especial en julio de 2017. Su candidatura presentaba el expediente más completo. Su currículum contemplaba el mérito de haber pertenecido a la Fiscalía Anticorrupción desde su primer día de constitución, en 1995, en la que permaneció hasta su nombramiento como miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, en 2015. Durante su etapa de fiscal mostró un grado de afectividad que se aproximaba al cien por cien. Entre sus casos más notorios cabe destacar los de Luis Roldán, Fondos Reservados, Miguel Blesa o Rodrigo Rato.

Luzón se enfrenta a una nueva etapa en la que tendrá que aumentar el porcentaje de efectividad de la Fiscalía Anticorrupción. En los últimos datos aportados por el Ministerio Público en la Memoria de 2021 el saldo de Anticorrupción no presentaba unas cifras muy positivas: de 21 sentencias dictadas por los tribunales sólo diez resultaron condenatorias. Menos de un 50%.

Tampoco hay que olvidar el caso de Mario Conde, que pasó dos meses en la cárcel como preventivo y, finalmente, fue declarado inocente. O el del fiscal Ignacio Stampa de la causa Tándem contra el comisario Villarejo que, según las investigaciones, compartió información con la abogada de Podemos mientras el proceso estaba secreto. Tal irregularidad motivó su salida de la Audiencia Nacional.

Estadísticas negativas

La estadística oficial no cuadra con las pretensiones de Alejandro Luzón tras su primer nombramiento: «Nuestro papel en los próximos años está llamado a afrontar la máxima eficacia, celeridad y transparencia y con todo rigor jurídico, tanto en los procedimientos penales que se siguen en la actualidad como en los que surjan en el futuro, para transmitir a la sociedad española que no se tolera espacio alguno de impunidad y con ello contribuir a regenerar una confianza en las instituciones democráticas que buena parte de los ciudadanos españoles parece haber perdido».

Pero, en contra de las palabras de Alejandro Luzón, en la actualidad se siguen instruyendo procesos en los que el protagonismo de los fiscales anticorrupción han provocado suspicacias y recelos por la manera como fueron abiertos los casos. Ayer, el ex vicesecretario del PSOE-PSPV y abogado de unos de los procesados del caso Alquería, Manuel Mata, denunció durante la vista oral el comportamiento de la Fiscalía e hizo referencia con cierta sorna «al papelito del sirio» de otra causa -la Eril- que llevó a la cárcel al ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana.

El ex diputado socialista en las Cortes valencianas -nada sospechoso en su militancia anti PP- hacía referencia a la fotocopia de un correo electrónico que el sirio Imad Al Naddaf Yaloud, supuestamente, encontró en un domicilio de Zaplana en Valencia, que había abandonado hacía años y por donde habían pasado otros dos inquilinos distintos. Aquel simple «papelito», en palabras de uno de los dirigentes socialistas con más poder en la Comunidad valenciana, sirvió de «hoja de ruta» -término acuñado por la titular del Juzgado de Instrucción número de Valencia y asumido por el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce- para mantener en la cárcel casi un año a Zaplana.

Mata le pidió al tribunal la nulidad de los correos incautados a su cliente, en un proceso que calificó de prospectivo, «para que dentro de ocho años no aparezca un papelito de un sirio y se vaya a abrir una causa nueva». El ex dirigente socialista manifestó con contundencia: «Esto es una causa contra la política democrática».

El fiscal anticorrupción Ponce y la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola han denegado de manera sistemática todas las pruebas que ha solicitado el abogado de Eduardo Zaplana: la declaración de los tres testigos que propiciaron su imputación -el sirio Imad Al Naddaf Yaloud, el testaferro uruguayo Fernando Belhot y el empresario Marcos Benavent- y las comisiones rogatorias a Uruguay, entre un cúmulo de pruebas avaladas por el derecho de defensa.

El comportamiento del fiscal anticorrupción contradice la línea marcada por Alejandro Luzón de «transparencia» y «eficacia». Mientras la fiscal del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Teresa Gálvez, investiga al uruguayo Fernando Belhot -un profesional del movimiento opaco de capitales y de blanqueo de capitales- y su sociedad Natland en el caso Odebrecht, el fiscal Ponce admite que el uruguayo es un simple «gestor de patrimonios» y se opone a que declare en Valencia, como pide el abogado Daniel Campos.

El propio Belhot negó en la causa Lezo, seguida en la Audiencia Nacional, que él fuera el testaferro de Zaplana, pero después en Erial afirmó que el dinero de la cuenta suiza a su nombre pertenecía al ex presidente valenciano.

En su nueva etapa, Alejandro Luzón deberá corregir esas contradicciones entre fiscales y «algunas actuaciones extrañas por parte de sus subordinados que rozan lo alegal», en palabras de un prestigioso letrado con más de 20 años de ejercicio profesional.