Bildu exige a Sánchez la identidad de los 288 guardias civiles que participaron en el 23F

EH Bildu ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de una iniciativa registrada en el Congreso, que le identifique, con nombres y apellidos, a los 288 agentes de la Guardia Civil «que tomaron el Congreso el 23F de 1981». Según advierten los de Arnaldo Otegi, de todos esos guardias civiles hubo 271 que no fueron juzgados gracias al pacto del capó al que llegaron con la «Casa Real».

«Durante el Golpe de Estado del 23F, la Casa Real llegó a un acuerdo, el pacto del Capó, con los golpistas que habían tomado el Congreso de los Diputados. El acuerdo consistía en que únicamente los oficiales fueron juzgados y no así el resto de agentes. Curiosamente, los tribunales respetaron ese pacto y únicamente 17 mandos fueron juzgados y el resto de los 271 agentes no», asegura el diputado de Bildu Jon Iñarritu en su escrito relacionado con el 23F.

«¿Quién fue cada uno de los 288 agentes de la Guardia Civil?», cuestiona el portavoz de Bildu, que también pide conocer «qué rango y destino tenía cada uno de ellos en el momento de los hechos», «con qué rango y destino se han jubilado cada uno de ellos» y «qué condecoraciones han recibido en las últimas cuatro décadas».

Además, EH Bildu también pide saber si alguno de esos agentes que participaron en el 23F continúa «en activo» en la actualidad y pide a Interior que les identifique. También hace extensible la pregunta a quienes se encuentren en la reserva activa aún a día de hoy.

En la pregunta presentada por la formación de Arnaldo Otegi, socia del Gobierno de Pedro Sánchez, se incluyen referencias concretas contra «la Casa Real». Cabe recordar que el pasado 23 de febrero, cuando se cumplían 40 años del golpe de estado, EH Bildu fue uno de los partidos que se negó a participar en los actos institucionales en el Congreso y que firmaron un manifiesto acusando a la monarquía española de estar detrás de la intentona de Fernando Tejero.

Aquel pacto del capó, por el que el teniente coronel Antonio Tejero se rendía y daba por finalizado el golpe fallido, lleva ese nombre precisamente porque se firmó sobre el capó de un vehículo militar apostado a las puertas del Congreso. Entre las exigencias planteadas por Tejero se encontraba que los agentes rasos a su cargo no deberían sufrir ningún tipo de represalia pues simplemente se habían limitado a cumplir sus órdenes.

Interés en militares y seguridad

Es bastante frecuente que el grupo parlamentario de EH Bildu pida al Gobierno, a través del mecanismo de las preguntas por escrito, información sobre funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.

Por ejemplo, Bildu pidió a Interior que identificase a los mandos policiales que propusieron condecorar a los agentes que estuvieron destinados en Cataluña durante el 1-O. Querían saber, además, «cuerpo policial, unidad, rango, tipo y categoría» de cada uno de esos agentes que recibieron medalla.

También pidieron los nombres de los funcionarios de prisión expedientados por «torturas» en cárceles españolas, que «destacan por el gran número de denuncias de torturas y malos tratos presentadas por parte de los internos», aseguraba. El diputado se interesaba además por «el relato de los hechos de cada una de ellas» y el resultado.

Además, se da la circunstancia de que el autor de la pregunta sobre el 23F, el diputado Iñarritu, fue quien protagonizó una fuerte polémica durante el primer estado de alarma y el confinamiento, cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil le interceptó viajando con un salvoconducto rumbo al País Vasco. Fue multado al detectarse alguna irregularidad, pero la mediación del ministro Fernando Grande-Marlaska le libró de la multa.