Begoña Gómez pide al juez que no indague sobre la Complutense: «No es objeto de la causa»

Desde Hazte Oír y Iustitia Europa argumentan que Begoña Gómez «no ostenta cargo público ni es autoridad», y critican que se le otorguen «determinados privilegios» —como acceder al edificio judicial por «las cloacas» en lugar de la entrada principal— debido a su condición de «esposa del presidente del Gobierno». En un recurso dirigido al CGPJ, consultado por este periódico, impugnan el acuerdo de la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, que autoriza el acceso de Gómez por los garajes de Plaza Castilla por razones de seguridad. La juez sostiene que está en peligro la integridad física de la mujer del presidente a pesar de que políticos, deportistas y otras personas famosas sí han accedido por la puerta ordinaria sin mayor problema, como recuerda la empresa de seguridad privada adjudicataria del centro.

También recurren la decisión de Del Barco de restringir el acceso a la sede judicial a abogados, procuradores y particulares que deseen ingresar a la sexta planta, donde se encuentra precisamente el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, liderado por el instructor Peinado. La decana ordenó que todos ellos «deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional».

Hazte Oír e Iustitia Europa acusan a la decana de «extralimitarse». Consideran que este acuerdo «atenta contra la esfera profesional de los abogados». «No es posible llevar una causa de miles de folios sin acudir con nuestro equipo legal hasta la puerta del Juzgado», argumentan. A su juicio, la medida adoptada por la decana es «nula de pleno derecho al extralimitarse en sus funciones, prohibiendo el acceso al juzgado a aquellos letrados que vengan en compañía de los ejercientes». Sostienen que el acuerdo vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.

Insisten en que «el acuerdo no busca ordenar y organizar el acceso a las diferentes sedes judiciales del partido judicial, sino impedir el ejercicio profesional de los abogados que deben comparecer en los procedimientos judiciales, todo ello provocado porque la ciudadana Begoña Gómez tiene que ser tratada de manera diferente».

Por ello, ambas acusaciones solicitan al CGPJ «la suspensión cautelarísima del acuerdo gubernativo y todas las medidas coercitivas contenidas en él». El órgano de gobierno de los jueces afirman que los vocales podrían tardar algunas semanas en responder al recurso, ya que primero deben designar ponente, elaborar un informe y remitirlo a la Comisión Permanente. Servirá en todo caso para posibles nuevas citaciones de Begoña Gómez a los banquillos de Plaza Castilla.