La Complutense envía al juez las facturas de Begoña por el software investigado por apropiación indebida

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha entregado al juez Juan Carlos Peinado dos facturas firmadas personalmente por Begoña Gómez para el desarrollo del polémico software que ahora está bajo investigación. La Complutense ha solicitado al juez que investigue a Gómez por la presunta comisión de un delito de «apropiación indebida» al registrar a su nombre la marca de una plataforma similar a la desarrollada para la universidad.

Entre la documentación aportada al magistrado, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Complutense incluye dos facturas cargadas a la universidad y que fueron firmadas personalmente por Gómez. En ambas aparece la firma electrónica de la mujer del presidente del Gobierno, que avala así el pago de los servicios. El importe total asciende a 42.348,79 euros, pagados con dinero público.

Una de las facturas, por importe de 24.200 euros, fue para la empresa Making Science Group por el concepto «Plat.Impacto Social desarrollo backend». La otra es de 18.148,79 euros para un «servicio de consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva».

Además de estas facturas, la documentación incorpora otra, en este caso, firmada por el director de la Escuela de Gobierno, Juan Manuel Ruano, por importe de 60.500 euros, que fue a parar a Deloitte.

Las facturas forman parte de la abundante documentación entregada por la Universidad Complutense al juez Peinado, en un informe en el que solicita que se investigue a Begoña Gómez por un posible delito de apropiación indebida.

«Apropiación indebida»

En el dossier, la Complutense sugiere la existencia de «indicios» del delito de «apropiación indebida» por parte de Begoña Gómez por la plataforma para asesorar a pequeñas y medianas empresas puesta en marcha en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

«En concreto, las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra», destaca la universidad en el informe, en manos del magistrado.

En el escrito, la universidad reprocha además la complejidad para recabar la información por la «falta de colaboración» de Gómez. En concreto, la mujer del presidente socialista respondió el 12 de junio al requerimiento de información de la universidad, con el siguiente mail:

«Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/ documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones.

Un cordial saludo

Begoña Gómez»

Pero la Complutense no había recibido más respuesta a fecha de la entrega de su informe al juez: «A día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado», explica en su escrito.

En sus conclusiones, la universidad destaca, por tanto: «Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración».

Igualmente, añade: «Dada la falta de cooperación de determinadas participantes en relación a los hechos afectados por la cuestión, lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no pueda alcanzar, por sus propios medios, una conclusión más definitiva más allá de los indicios existentes». 

Por último, la Complutense pide a Peinado personarse como parte agraviada si se confirman los «indicios» de apropiación indebida: «Si de la investigación practicada en el órgano judicial existieran indicios concluyentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial de la Universidad Complutense de Madrid, se realice a esta administración pública el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado».

Ante el juez

La Complutense reclama al juez investigar las dos facturas antes mencionadas, además de otra, por procedimiento abierto simplificado, cuyo objeto fue la «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa». Este servicio ascendió 60.500 euros.

Begoña Gómez está citada a declarar este mismo viernes, imputada por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El pasado 5 de julio, el juez aplazó la declaración al negar la mujer de Sánchez conocer los delitos de los que se le acusa y para no generarle indefensión.

En esta ocasión, la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, ha vuelto a conceder a Gómez el privilegio de entrar por el garaje de Plaza de Castilla para evitar el paseíllo ante la prensa.