Así mintió al Congreso el n° 2 de Justicia de Sánchez sobre la ‘reforma Txapote’ para 44 etarras

El entonces secretario de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, el socialista Antonio Julián Rodríguez, mintió al Congreso en enero de 2022 asegurando que la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales no podría suponer rebajas de penas para 44 etarras. Sin embargo, esta reforma -que el Gobierno no pudo sacar adelante en aquella legislatura por el adelanto electoral y que ha recuperado ahora colándola de tapadillo en el Congreso- fue enmendada el pasado julio por Sumar con la complicidad del PSOE, pues ambos forman el Ejecutivo de Sánchez, para contentar a Bildu y eliminar una disposición que había incluido el Gobierno de Mariano Rajoy para que dicha transposición de normativa europea no pudiera derivar en rebajas de penas para presos de la organización terrorista ETA.

En concreto, el ex senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez, siendo secretario de Justicia de la entonces ministra del ramo, la socialista Pilar Llop, se pronunció así en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2022: «Quiero referirme porque hay cierta inquietud, cuando no desinformación en algunos grupos parlamentarios de esta Cámara y sus equivalentes en la Cámara alta. Y también en algunos medios de comunicación en relación con los cambios normativos a la ley 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, en esa ley orgánica, quiero que quede claro en esta Cámara, solamente se van a hacer las modificaciones que sean necesarias para la correspondiente transposición de la Directiva 2019/884. Repito solamente y en los términos del Plan anual», remarcó.

Además, Rodríguez hizo un «llamamiento a todos los grupos parlamentarios a que el trabajo de todos redunde en la mejor adaptación de nuestro ordenamiento y el ordenamiento comunitario».

Para entonces, tal y como ha publicado OKDIARIO, Vox ya había preguntado al Gobierno de Sánchez por escrito en el Congreso sobre el alcance que tendría esta reforma legal que el Ejecutivo tenía previsto acometer. De hecho, la formación de Santiago Abascal, a través de un escrito formulado por Macarena Olona y otros diputados, alertó de que «esta iniciativa, en síntesis, supone que muchos de los condenados por terrorismo que hayan cumplido su condena en Francia pueden ahorrarse ese tiempo en prisión».

Es más, Vox detalló en su escrito, con fecha de 16 de febrero de 2022, que, «según los cálculos del colectivo de víctimas del terrorismo, esta nueva ley permitirá que hasta 48 etarras puedan ahorrarse casi 375 años de cárcel en nuestro país, una media de 7,8 años de cárcel por cada uno de ellos». Además, añadió la formación de Abascal, «gracias a esta iniciativa, algunos presos etarras quedarían en libertad varias décadas antes de lo inicialmente previsto».

Pero el Gobierno negó esta posibilidad al menos hasta en tres ocasiones, esto es, en la citada comparecencia del secretario de Estado de Justicia y en dos respuestas parlamentarias a Vox. En una de ellas, publicada este lunes por OKDIARIO, el Ejecutivo aseguró que la reforma de la 7/2014 no guardaba relación con el posible beneficio para etarras del que advertía la formación de Abascal. En una segunda respuesta, el Ejecutivo se remitió a la comparecencia de Rodríguez y añadió: «Cabe informar que a la cuantificación de condenas que resulten aplicables a las personas privadas de libertad, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, estará en todo momento a lo que determinen las autoridades judiciales españolas al respecto».

«Lo que Otegi ordene»

Entretanto, desde el PP acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de «mentir deliberadamente una vez más». La ley de 2014 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy se modificó en su trámite parlamentario para establecer que esa acumulación de penas no podía aplicarse a presos como los de ETA. Esa modificación que introdujo el Senado en 2014 es la que se ha eliminado ahora a través de la enmienda del Gobierno de Sánchez, subrayan los populares. PP y Vox atribuyen su voto favorable en el Congreso a un «error».

«Si el texto que se aprobase ahora fuese el mismo que el que se aprobó en 2014, ¿qué sentido tendría la enmienda introducida por Sumar? Lo que ha querido el Gobierno es modificar el texto de entonces», destacan fuentes del Grupo Popular en el Congreso.

«El Gobierno ha engañado al conjunto de la Cámara para impulsar una reforma legislativa que abre la puerta a excarcelar a etarras antes de tiempo y sólo el Gobierno puede parar esta infamia. Es el único responsable de esta situación porque es quien la ha propiciado», añaden.

«Si no lo hace demostrará que Bildu tiene encañonado a Sánchez y que hará lo que Otegi le ordene con tal de mantenerse en el poder», sentencian desde el partido de Alberto Núñez Feijóo. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha paralizado el debate de esta reforma hasta el próximo lunes, fecha límite para su aprobación, pero sólo el Gobierno puede impedir que acabe en el BOE si retira el texto que podría beneficiar a etarras.