Anticorrupción también pide prisión sin fianza para Koldo García por riesgo de fuga

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que envíe a prisión provisional sin fianza al ex asesor ministerial Koldo García, sumándose así a la petición que ya habían formulado las acusaciones populares que lidera el PP. La decisión se ha tomado al considerar que existe riesgo de fuga de cara al juicio por la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido al instructor que encarcele a Koldo García sin posibilidad de eludir la prisión mediante el pago de una fianza. Esta petición se registra después de que el Supremo propusiera juzgar al exasesor por su presunta participación en el cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicar contratos a la empresa Soluciones de Gestión.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha modificado su postura inicial. A lo largo de las pesquisas, el Ministerio Público había evitado solicitar la prisión provisional para Koldo García, manteniéndose en la línea de medidas cautelares menos restrictivas.

Las acusaciones populares –que lidera el abogado del PP– fueron las primeras en reclamar el ingreso en prisión del ex asesor hace apenas un mes. Ahora, con el respaldo de Anticorrupción, la petición cobrará mayor fuerza. La petición sobre Koldo se sumará a la de José Luis Ábalos.

La solicitud de prisión provisional se fundamenta en la «elevada petición de pena» que pesa sobre Koldo García. La Fiscalía reclama una condena de 19 años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Las acusaciones populares han sido aún más contundentes. Solicitan una pena de 30 años de prisión para el ex asesor, añadiendo a los delitos señalados por Fiscalía otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial. Además, piden que se le condene a pagar una multa de aproximadamente 3,9 millones de euros.

Dichas acusaciones inciden en que la petición de prisión provisional es idónea, necesaria y proporcionada para «evitar el riesgo de fuga» de cara al juicio. La gravedad de las penas solicitadas constituye el principal argumento para justificar esta medida excepcional.

Hasta este momento, Koldo García ha permanecido en libertad con medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Sin embargo, el nuevo escenario judicial, con el juicio a la vista, ha propiciado este giro en la estrategia de la Fiscalía.

El magistrado Puente ha pospuesto la comparecencia del ex asesor a las 12.30 horas para permitir que su defensa, a cargo de la letrada Leticia de la Hoz, pueda asistir a la declaración del empresario Víctor de Aldama prevista también para hoy en la Audiencia Nacional. Esta decisión refleja la imbricación de las distintas piezas que componen la investigación.

Trama de mascarillas

El caso Koldo investiga el presunto cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión —empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama— contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19. El Supremo propuso juzgar a Koldo García el pasado 3 de noviembre.

La defensa del ex asesor ha recurrido la decisión del instructor de procesarle. Ha manifestado que ni participó en la compra de mascarillas ni tuvo relación contractual alguna con Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la presunta trama de corrupción.

Además, la letrada De la Hoz ha pedido la «nulidad de las actuaciones», alegando que se están investigando «hechos distintos a los autorizados en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso de los Diputados» para investigar al exministro José Luis Ábalos. También ha reprochado que se le haya generado una «indefensión material» al privarle del derecho a solicitar nuevas diligencias.

El caso ha experimentado un punto de inflexión gracias a la «actitud colaboradora» de Víctor de Aldama. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han solicitado que se le condene a 7 años de prisión, aplicándole la atenuante de confesión por su colaboración para esclarecer los hechos y descubrir actuaciones presuntamente delictivas.

La confesión de Aldama ha servido para destapar una presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Esta ramificación del caso ha ampliado el alcance de la investigación más allá de los contratos de mascarillas.

Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado la prisión provisional sin fianza para el ex ministro José Luis Ábalos, quien se enfrenta a una petición del fiscal de 24 años de cárcel.