Un marroquí expulsado por secuestro y asesinato en Sevilla amenaza: «Si me echáis, volveré»

Dos inmigrantes ilegales, de origen marroquí y argelino, han sido condenados este jueves a siete años y medio de prisión -que podrían cambiarse por la expulsión del país- por secuestrar y asesinar a un hombre en Sevilla, al que apuñalaron en la pierna durante un ajuste de cuentas por un robo de droga. La víctima murió desangrada tras ser abandonada en el Hospital Virgen del Valme el 29 de septiembre de 2023.

Los hechos se produjeron después de que los ahora condenados, dedicados al tráfico de hachís, sufrieran el robo de una importante cantidad de esta droga, que terminó en manos de otras personas. Para recuperarla, elaboraron un plan con varios individuos y utilizaron una finca cedida por otro implicado. Se hicieron pasar por compradores para citar a los portadores de la droga en un centro comercial de Sevilla Este, donde los abordaron con armas y los trasladaron por la fuerza.

Durante el secuestro, obligaron a las víctimas a contactar con un intermediario para que acudiera a otro punto de encuentro. Allí fue capturado también y agredido en el interior de un vehículo. Recibió una puñalada de seis centímetros de profundidad en la pierna, lo que le provocó una hemorragia letal. Los autores, al ver su estado, lo abandonaron aún con vida en la puerta del hospital, donde murió poco después.

Ambos autores principales han reconocido los hechos en un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado las penas inicialmente solicitadas, superiores a treinta años. Además, han pagado 130.000 euros en concepto de responsabilidad civil y deberán indemnizar con más de 350.000 euros a la familia de la víctima.

Como los dos principales acusados se encuentran en situación irregular en España, parte de la condena podría ser sustituida por su expulsión del país. Uno de ellos ha pedido evitar esta medida alegando arraigo familiar en Sevilla y, de hecho, ha amenazado con volver: «Si me expulsan, volveré».

Otros dos implicados han sido condenados por encubrimiento y por un delito contra la salud pública, pero el tribunal ha suspendido sus penas bajo condiciones, incluyendo trabajos en beneficio de la comunidad y el pago de multas.