El abogado del PP pidió en 2018 a Montero que reclamara los 680 millones robados en los ERE y no hizo nada

Un informe de los abogados que representaron al PP en el ‘Caso de los ERE’ puso encima de la mesa de la Audiencia Provincial en 2018 la necesidad de reclamar los 680 millones de euros robados para evitar que se perdieran. El informe, firmado por Luis García Navarro, apuntó a la responsabilidad en esa reclamación de la entonces consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, y ahora ministra de Hacienda en funciones. Sin embargo, ni ella ni nadie del PSOE hicieron nada por reclamar el dinero.

El informe jurídico subrayó, además, el hecho de que los abogados de la Junta de Andalucía se hubiesen reservado “la acción civil por parte de los Letrados del Gabinete Jurídico” de manera que no pudiese reclamar el dinero la Fiscalía, órgano que ya había anunciado su deseo de reclamar el importe. El legitimado directo para exigir la devolución de ese dinero robado era la Junta por el hecho de haber sido la institución de la que salieron los 680 millones de euros y, por lo tanto, si sus abogados decidían guardarse la posibilidad de usar las acciones civiles, el Ministerio Fiscal no podía reclamar el dinero.

El informe jurídico de los ‘populares’ señaló en aquel momento –el 6 de febrero de 2018– que la reserva de la acciones civiles “se realiza con posterioridad a la apertura del juicio oral, cuando ya la Junta de Andalucía no era parte en el procedimiento, al no haber formulado acusación ni ejercitado la acción civil, y, cuando, tanto el Ministerio Público como esta acusación popular ya la habían ejercitado en sus respectivos escritos de acusación”.

Motivos por los que el escrito del PP recordó que “el Tribunal Supremo ya desde sus sentencias de 12 de mayo de 1978 […] estableció que la renuncia y, por tanto, la reserva de la acción civil ex delito realizada por la persona perjudicada por éste, que supone una declaración de voluntad unilateral y abdicativa de un futuro derecho realizada en el curso del proceso penal, para surtir efectos en el mismo contrarrestando la acción pública del Ministerio Fiscal, se halla sujeta al cumplimiento de los requisitos civiles que regulan su eficacia, validez y legitimidad, y especialmente el de carácter general contenido en el artículo sexto, número segundo, del Código Civil, de no ser la renuncia contraria al interés ó al orden público, ni en perjuicio de terceros”.

Por ello, los juristas del PP advirtieron que “como establece el art. 21.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten de los mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno».  Por lo que, según ese informe, ni estaban habilitados los abogados del PSOE para reservarse la acción civil, ni para no reclamar el dinero robado en los ERE, ni para no permitirle a la Fiscalía hacerlo.

Pero, ademas de lo anterior, el informe subrayó en todo caso, que la actuación de los letrados de la Junta de Andalucía “es contraria a los intereses generales a los que deben servir, con la consecuente infracción del art. 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (“1. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general […]) y art. 3 de la Ley 6/2007 de Administración de la Junta de Andalucía (“Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general a través de sus órganos y entidades instrumentales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico)».

Desde el PP señalan ahora que, por lo tanto, debe haber un responsable final de haber tomado la decisión de imposibilitar la reclamación del dinero robado en los ERE. Y recuerdan, además, que su informe judicial de aquella época ya advertía de que, a efectos de esa orden, “tampoco consta que se haya acordado por delegación por algún consejero, en virtud de la Disposición Adicional Primera del Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía y, menos aún de la consejera de Hacienda que sería la competente para la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad, de conformidad con el art. 44 del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía”. Hay que recordar que la entonces consejera de Hacienda es la hoy ministra de Hacienda de Pedro Sánchez.