El PSOE violó la ley para no reclamar los 680 millones de euros robados en los ERE

Un informe jurídico remitido por los abogados del Partido Popular a la «Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla» alertó de un punto mas que delicado en el caso más grave de corrupción política de la historia de la democracia española: los ERE.

Concretamente, alertó de que la no reclamación a tiempo por la Junta de Andalucía del dinero robado en la trama de los ERE era una absoluta ilegalidad por ser contrario a los intereses de los andaluces. En aquel momento, era pronto para juzgar el ejercicio de esas acciones civiles porque aún había tiempo hasta el cierre del juicio.

Ahora ya no porque está claro, y así lo ha dictado la justicia, que una veintena de cargos socialistas liderados por dos presidentes andaluces y de todo el PSOE fueron culpables. Y no sólo eso, además, alertó de que los equipos jurídicos del PSOE eludieron su obligación de reclamar el dinero para blindar a su gente.

Hoy, por lo tanto, el informe jurídico al que ha tenido acceso OKDIARIO cobra más importancia que nunca porque la no reclamación del dinero robado violó la ley y la orden de no reclamarlo, además, provino de los mandos socialistas. El documento del equipo jurídico del PP tiene fecha de 6 de febrero de 2018 y señala por parte de “Don José Tristán Jiménez, Procurador de los Tribunales, en nombre del Partido Popular de Andalucía” que en esa fecha no han podido tener “acceso a las Piezas de Responsabilidad civil incoadas por el Juzgado de Instrucción Número 6, a pesar de haberlo solicitado mediante escrito de 25 de febrero de 2017 (…) y ante la imposibilidad, al no haberse admitido por la Sala la testifical propuesta, de interrogar a Doña Susana Díaz Pacheco, ex consejera de Presidencia y actual presidenta de la Junta de Andalucía, sobre la actuación de los Letrados de la Junta de Andalucía en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles es delito, por medio del presente escrito, no habiéndose resuelto aún las cuestiones previas planteadas al inicio del Juicio Oral”.

Y que, por todo ello, señalan, además, que el “derecho de esta parte interesa se nos tenga por desistido de nuestra solicitud de tener por no puesta la exigencia de Responsabilidad civil para los acusados ejercitada en nuestro escrito de acusación a fin de ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en general”.

La indicación subraya el hecho de que los equipos jurídicos del PSOE, personados igualmente como supuesta acusación, no están reclamando civilmente el dinero robado en los ERE. Un importe que ahora se conoce y alcanza, al menos por el momento, los 680 millones de euros.

Acto seguido recalca que la actitud de “los Letrados de la Junta de Andalucía reservándose expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente”, en todo caso, “es contrario a la doctrina del  Tribunal Supremo que precisa que la renuncia de derechos tiene que ser personal, clara, inequívoca, sin condición alguna con expresión concluyente de su voluntad terminante, lo que en el caso de la Administración Pública se ha de verificar mediante un acto administrativo expreso y motivado dictado por el órgano competente en la materia, que no consta en las actuaciones”.

Los equipos jurídicos del PP, además, alertaron en ese informe de que “no nos consta ningún acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como órgano competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales (art. 42 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía), ordenando al Gabinete Jurídico la reserva de acciones civiles en el presente procedimiento al respecto”.

Alerta también de que tampoco “consta al respecto ningún Decreto de Presidencia de la Junta de Andalucía, como representante suprema de la Junta de Andalucía (art. 117 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y art. 2 de la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía)”. Y que “tampoco consta que se haya acordado por delegación por algún Consejero, en virtud de la Disposición Adicional Primera del Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía y, menos aún de la Consejera de Hacienda que sería la competente para la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad, de conformidad con el art. 44 del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía”.

Hay que recordar, además, que la entonces consejera de Hacienda es la hoy ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, y por todo ello, la decisión de no reclamar el dinero robado de los ERE –680 millones– no sólo pasaba a ser inmoral, sino directamente ilegal.