Memoria histórica

El Gobierno aprobará este viernes la exhumación de Franco

El Gobierno aprobará este viernes la exhumación de Franco
Pedro Sánchez y Francisco Franco.
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El Gobierno ordenará la exhumación de Franco el próximo viernes en Consejo de Ministros, según han confirmado fuentes de La Moncloa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez descarta, además, que los restos del dictador reposen en La Almudena. 

El Gobierno ordenará la exhumación de Franco en el Consejo de Ministros del próximo viernes, según han confirmado fuentes de La Moncloa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez descarta, además, que los restos del dictador reposen en La Almudena.

Tras el cierre del trámite administrativo especial creado por el Ejecutivo socialista, para instruir un expediente destinado a recopilar la conformidad de todas las instituciones implicadas en la operación, desde Moncloa aseguran que todo es conforme para que el Gobierno apruebe la exhumación. Tanto la fecha concreta como la fórmula para el traslado del dictador se fijará para ser llevada a término antes de la próxima primavera.

Fuentes jurídicas confirman a OKDIARIO que, para ello, el Gobierno ha previsto formalizar un acuerdo de incoación que abrirá un plazo de 15 días para que, una vez retirados los restos de su actual ubicación, la familia Franco se haga cargo, si quiere, de los mismos. Advirtiéndole que en caso afirmativo deberá contar con los permisos municipales necesarios para realizar una posterior inhumación, que desde el Ejecutivo descartan que sea en la catedral madrileña.

Insiste el Gobierno en que, en el supuesto de que los herederos del dictador no se pronuncien de manera expresa o habiéndolo hecho, no exista consenso entre ellos y el Ejecutivo para el lugar seleccionado, éste adoptará un nuevo acuerdo en el que decidirá, unilateralmente, el “digno y respetuoso traslado de los restos mortales”, aunque sin concretar cuál será la ubicación. Moncloa afirma que están facultados para ello.

Hace unos meses la vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguraba que se han contemplado todos los escenarios posibles y recordaba que ese fue el motivo por el cual el real decreto que dio inicio a las acciones orientadas a cumplir con la promesa estrella de Pedro Sánchez, tras su llegada a Moncloa, tenía una vigencia máxima de 12 meses, que se cumplen el próximo mes de agosto, y que no están dispuestos a agotar.

El papel de la Iglesia

En lo relativo al papel de la Iglesia, el Ejecutivo se remite a los acuerdos con el Vaticano y a sus históricas y buenas relaciones con la Iglesia y confía en que no interfieran en esta decisión. E insiste en la reconversión del monumento funerario del Valle de los Caídos como lugar de homenaje a las víctimas franquismo.

Sin embargo que se apruebe esa exhumación, no significa que se pueda llevar a cabo de manera inmediata. Como informó OKDIARIO, a la decisión pendiente del Supremo, se añade la negativa del prior del Valle.

Un revés con el que el Gobierno no contaba y que ha provocado un notable malestar. Santiago Cantera informó que negaba el acceso para proceder al traslado de los restos del dictador, lo que obliga al Ejecutivo a “negociar” con su superior, el abad del monasterio de Solesmes (Francia).

Desde el Gobierno se afirma que esa negativa no impedirá que el proceso siga adelante. Pero el permiso del prior es imprescindible ya que, cabe recordar, según los acuerdos Iglesia-Estado, “los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad”.

El obstáculo, pues, no es ni mucho menos menor para el Ejecutivo. Más aún porque, hoy por hoy, la postura de los superiores de Cantera es la de avalar su negativa, y señalan que él es el único competente para autorizar la salida de los restos de Franco.

Recurso de la familia

Tras la aprobación del acuerdo motivado del Consejo de Ministros, la familia tendrá entonces de un plazo de dos meses para presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y pedir la suspensión cautelar en espera de la resolución del alto tribunal sobre el fondo del asunto.

El pasado mes de diciembre, el Supremo ya advirtió al Gobierno de que el acuerdo de exhumación no podría ejecutarse sin que la familia hubiese “podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”.

Si el Supremo decide adoptar las medidas cautelares que solicitará la familia, el procedimiento de exhumación se dilatará de forma indefinida. Y, en caso contrario, si no se adoptan, quedaría en manos del prior que, hoy por hoy, se muestra inflexible.

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