Una diputación del PSOE paga los 7 millones de pérdidas de la entidad pública que dirigió el ministro Planas

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El nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas
Carlos Cuesta

El actual ministro de Agricultura, Luis Planas, fue presidente o consejero de la entidad andaluza público-privada Geolit entre finales de 2012 y principios de 2014. Un chiringuito que compró suelo a unos precios disparados con el supuesto propósito de crear un parque tecnológico, que no ha dejado de perder dinero a espuertas -especialmente bajo el mandato de Luis Planas- y que ha acabado traspasando sus pasivos a la Diputación de Jaén para que sus deudas las abonemos con cargo a los impuestos de todos los españoles, que son los que nutren los ingresos de la Diputación, gobernada por el PSOE.

Fue en primavera de este año cuando se alcanzó el acuerdo para traspasar el ruinoso negocio a la Diputación. Y el pasado 1 de octubre cuando el Consejo de Administración de Geolit acaba de firmar el “Informe sobre el proyecto de cesión global de activo y pasivo a favor de la Diputación de Jaén”, tal y como recoge el documento que hoy publica OKDIARIO.

Y lo que viene a decir ese documento es, básicamente, que la reponsabilidad a partir de ahora de los gastos provocados por 600 empleados más las deuda acumuladas de tres millones de euros fruto del desastroso proyecto y su peor ejecución cambia de manos: “Tras analizar diferentes alternativas que aseguraran la viabilidad y futuro del proyecto de GEOLIT, y teniendo en cuenta los acuerdos del Pleno de la Diputación de Jaén a los que luego se aludirá, el órgano de administración ha propuesto al socio único, la Diputación de Jaén, la cesión global en su favor de todos los activos y pasivos de GEOLIT”, como señala el texto.

La responsabilidad de los gastos provocados por la existencia de 600 empleados más las deudas acumuladas fruto del desastroso proyecto cambia de manos

La patada hacia el vecino no oculta la causa: “La Sociedad viene atravesando importantes dificultades de tesorería que le impiden desarrollar su actividad en términos ordinarios y hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma”.

De hecho, el informe de auditoría de las Cuentas Anuales cerradas el 31 de diciembre de 2017, concretaba que GEOLIT viene incurriendo en pérdidas significativas desde el inicio de su actividad “que han mermado considerablemente su patrimonio neto hasta finales de dicho año. Estas mermas continuas han situado la cifra de patrimonio neto por debajo de dos tercios del capital social, circunstancia que supone la obligación de reducción de capital social en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado dicho patrimonio en aplicación de lo dispuesto en el art. 327 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Además “dicho informe indicaba que la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 2.487.327 € (1.611.912 € al 31 de diciembre de 2016) lo que le obligaba a estar sometida a un plan de tesorería de emergencia respondiendo sólo al pago de trabajadores, de seguridad social, de retenciones y de los suministros necesarios para la continuidad de la empresa. Esta circunstancia imposibilitaba el pago de determinadas deudas a su vencimiento”.

Ahora las pagará la Diputación -que se nutre de ingresos fiscales de todos los españoles- pese a haber sido otros los encargados de generar las pérdidas. Y de eso, una de las personas que sabe bastante es el ahora ministro de Agricultura, Luis Planas.

Presidente de la firma

Y es que Planas fue consejero andaluz y presidente de la firma en cuestión. Y lo fue en un ejercicio -el de 2013- en el que, contando con un capital de 16,09 millones de euros, logró acumular unas deudas a largo plazo de 8,25 millones, con entidades de crédito de 7,69 millones, deudas a corto por 1,49 millones y, sobre todo, unas pérdidas anuales de 3,58 millones de euros tras tener una cifra de negocio de tan sólo 150.636 euros en el ejercicio. En 2012, donde entró Planas como consejero en noviembre, hubo pérdidas de otros 2,26 millones; y en 2014, donde dejó el cargo de presidente y consejero en febrero, de otros 1,58 millones de euros.

Todo un éxito en acumulación de pérdidas: 7,42 millones en números rojos en el cómputo de los tres ejercicios. Un éxito tan sonado que el propio informe de auditoria recogió en aquellos años una nota indicando que “llamamos la atención respecto de lo señalado en las Notas 2.2 y 12.5 de la Memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad ha incurrido en pérdidas recurrentes significativas desde el inicio de su actividad que han mermado significativamente su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2014, dejándolo en la mencionada fecha, después de considerar el efecto de las pérdidas por deterioro de existencias e inversiones inmobiliarias en un patrimonio neto positivo computable por importe de 9.227.085 euros, una cifra inferior a las dos terceras partes del capital social. En consecuencia, la Sociedad está incursa en el supuesto de reducción obligatoria del capital social previsto en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital”.

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