Iglesias exige a los suyos «verdadera austeridad» en un reglamento interno tras la crisis del chalé

Podemos ha aprobado un nuevo reglamento, que afecta a sus representantes, cargos públicos, asesores y profesionales que trabajen para la organización, en el que se imponen rígidas obligaciones, entre ellas, un compromiso de «verdadera austeridad».

El partido difundió este protocolo el pasado viernes -en plena consulta sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero por la polémica del chalé- aunque sin darle publicidad.

En él, se advierte a los miembros de Podemos de las exigencias en materia disciplinaria y económica, y se destaca que «el objetivo político de hacer las cosas de forma diferente debe tener rango reglamentario, de modo que el objetivo de acabar con los privilegios políticos y dar el protagonismo a la ciudadanía tenga una vertiente material y obligatoria para las personas que han de encarnar este proyecto».

En este sentido, consideran «debe reglamentarse el compromiso de verdadera austeridad y eficiencia con los recursos, tanto de la organización –fruto del esfuerzo y compromiso de tantos de nuestros inscritos y nuestras inscritas y de la asignación pública que sale de los impuestos de la gente– como los que de exclusivo origen público retribuyen –de forma a veces realmente obscena– los cargos políticos (…)».

Horarios para comidas y transporte público

Así, por ejemplo, se recuerda la limitación de los tres salarios mínimos-que, en el caso de los diputados, no se cumple, como informó OKDIARIO- y se fijan férreas limitaciones a las dietas y otras indemnizaciones por transporte y alojamiento. Podemos establece que el transporte público es el «medio preferente de transporte, en clase turista, segunda clase o equivalente» y se utilizará siempre el «más razonable, directo y económico, salvo cuando sea imprescindible encontrar medios alternativos por presiones horarias».

El partido obliga a justificar la hora de las comidas para su reembolso. Avisa de que no pagará ropa de etiqueta, aún cuando sea obligatorio usarla.

El partido abona un máximo de 100 euros mensuales para aparcamientos y limita las dietas a doce euros diarios por comida, o treinta en el caso de que se deban hacer dos comidas al día. En este caso, el partido establece una franja horaria en las cuales se reembolsará: siempre «cuando el desarrollo de las tareas se inicie con anterioridad a las 12:00 horas y concluya a partir de las 21.00 horas». En caso contrario, no abonará los gastos.

No obstante, el reglamento establece otras facilidades, como asegurar el pago del alquiler de sus cargos, cuando deban desplazarse más de 100 kilómetros entre su vivienda y su lugar de trabajo. La cuantía máxima es de 850 euros.

El partido establece también que «no serán nunca indemnizables» los gastos en ropa, lavanderías, agasajos, servicios culturales o artísticos o, en general, «todos los sujetos a derechos de propiedad intelectual y/o industrial, salvo que pueda justificarse su carácter necesario para el cumplimiento de sus funciones».

Sin embargo, avisa de que no se pagarán atuendos de etiqueta, incluso si el cargo en cuestión está obligado a ello. «Por ello, si dicha institución sugiriese que el representante cumpla con obligaciones de etiqueta y este aceptara la sugestión, será la institución quien corra con los gastos derivados para su cumplimiento si así lo tiene previsto en sus reglamentos de funcionamiento», se advierte.

Devoluciones de Hacienda

El reglamento también recuerda a sus cargos la obligación de donar la parte de su sueldo que exceda la suma de tres salarios mínimos. Y en esa suma se incluyen también las devoluciones tributarias, que, dice el texto «tendrá tratamiento de excedente salarial y será, por tanto, objeto de donación».

La normativa establece no obstante ciertas salvedades. Como, por ejemplo, hijos o personas dependientes a cargo, cargas económicas por enfermedades crónicas o de alguna discapacidad propia o de algún familiar a cargo, o derivadas de la situación de familia monoparental. También serán sujetos de especial tratamiento aquellos que estén atravesando una situación de «fuerza mayor o emergencia que ocasionen periodos de especial vulnerabilidad» o procesos de divorcio, separación o adopción.

Llamativo resulta también que estén exentos de cumplir con esta obligación aquellos que hubiesen asumido «cargas económicas acreditadas derivadas del cumplimiento de obligaciones contractuales o situaciones personales que con carácter irreversible la persona no pueda cubrir si se aplicara la limitación salarial, siempre que ello le suponga un grave perjuicio hasta el punto de impedir su actividad política o profesional al servicio de dicho órgano representativo o de gobierno».