Errejón pone a una condenada al frente del tribunal jurídico interno de Más Madrid

Más Madrid ha confiado su Comité de Garantías, el órgano disciplinario interno, entre otros, a Cati Rodríguez Morcillo, la ex alcaldesa de San Fernando de Henares condenada a 6 meses de inhabilitación por no responder requerimientos oficiales del Defensor del Pueblo. Esta política, además, se encuentra procesada por prevaricación y revelación de secretos en el caso Plaza España que investiga la venta de espacio público en el centro del municipio a empresas privadas.

El partido liderado por Íñigo Errejón y Mónica García renueva de forma recurrente su Comité de Garantías. Se compone de varios cupos y uno de ellos es «el tercio jurídico». Ahí se ha dado el visto bueno a tres personas: Cati Rodríguez, Ana de Andrés y Alejandro Lorena, que pasan a la votación de los inscritos.

«Tu voto es importante: por un lado, porque el Comité de Garantías asegura el buen funcionamiento de nuestro espacio y los derechos de todas las personas de Más Madrid y, por otro, para que el Comité pueda tener de nuevo sus 9 integrantes y tengan un mejor reparto de trabajo ya que de forma desinteresada ponen su tiempo y sus conocimientos al servicio de la organización», expresa la dirección de Más Madrid en un mensaje a sus bases.

En lugar de optar por una persona sin ninguna tacha, se ha respaldado a una figura sobre la que pesa una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid y que se enfrenta a una segunda.

En la candidatura que ha presentado esta ex alcaldesa expone: «Nací en Madrid en 1968. Me formé en escuela, instituto y universidad públicas. Licenciada en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares. Abogada ejerciente hasta 2012. Actualmente Procuradora ejerciente de los Tribunales. Activista por la vivienda desde 2011 (en el surgimiento 15-M). Alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de 2015 a 2019. Coportavoz de la Asamblea de Más Madrid en San Fernando de Henares hasta dentro de muy poco, cuando se nombren nuevos portavoces».

Preguntada sobre la motivación que la empuja al Comité de Garantías de Más Madrid comenta: «La motivación que me ha guiado toda mi vida. El compromiso con las cosas en las que creo. Y en concreto en este caso el compromiso con Más Madrid, proyecto en el que confío».

Esta regidora de la Comunidad de Madrid era una de las pocas que tenía Podemos. Se la consideró una de las «alcaldías del cambio» y la primera de Podemos pata negra. Sin embargo, sus problemas con la Justicia desembocaron en la expulsión del partido morado. En ese momento entró en la formación creada por Íñigo Errejón y Manuela Carmena.

Sentencia

En mayo de 2022 recibió su primera condena. Mientras era concejal de oposición tras perder la Alcaldía, fue sentenciada a medio año de inhabilitación para ejercer cargo público de gestión. Los jueces concluyeron que había cometido un delito contra las instituciones del Estado porque entre 2016 y 2017, cuando era alcaldesa, impidió reiteradamente enviar documentos oficiales al Defensor del Pueblo como le había requerido este organismo constitucional.

El motivo de la solicitud de papeles era la Plaza de España, un caso que ha abierto varios litigios más desde hace años en San Fernando. En este municipio del Corredor del Henares de casi 40.000 habitantes, ese espacio público ha traído de cabeza a todos los gobernantes. La asociación cívico cultural que denuncia el caso pidió documentación. La alcaldesa se la negó y estos acudieron al Defensor del Pueblo, que también se topó con el portazo de la Alcaldía en seis ocasiones, cuatro veces por escrito y dos más por teléfono entre agosto de 2016 y septiembre de 2017. La Fiscalía trasladó una denuncia contra Cati Rodríguez cuando ya había dejado el cargo, en 2020.

En un primer momento, un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares la condenó a un año de inhabilitación para ejercer como alcaldesa y a una multa de 1.800 euros. Posteriormente, la Audiencia Provincial, estimando parcialmente su recurso, rebajó la condena a la mitad. La de Más Madrid alegaba las circunstancias de ese Consistorio: un cambio de gobierno, constantes cambios en figuras clave de la Corporación y una «supuesta situación caótica y de colapso del ayuntamiento» que, para la Audiencia de Madrid, no quedó probada. Los magistrados entendían que la petición era clara y sencilla, y no se justifican tres años para resolver por parte de un Ayuntamiento con 40 millones de presupuesto.