Volkswagen trata de limpiar su imagen tras el ‘Dieselgate’ a costa de la Cumbre del Clima

No deja de ser llamativo que Volkswagen, la empresa que ha protagonizado el mayor escándalo medioambiental corporativo de los últimos años con el ‘Dieselgate’, sea una de las firmas más activas en la Cumbre Climática (COP25) que se celebra estos días en Madrid.

Diferentes directivos del grupo han formado parte de las actividades desarrolladas en torno a este evento internacional. Luca de Meo, presidente de Seat, explicó que «abordar el cambio climático es una responsabilidad de todos, y nosotros como industria debemos esforzarnos para alcanzar el objetivo cero emisiones». Una afirmación, que contrasta con una realidad que pasa porque la compañía podría tener que indemnizar, sólo en España, a los 700.000 consumidores afectados por el ‘Dieselgate’ con más de 2.100 millones de euros en total.

El ‘Dieselgate’ es el nombre con el que se conoce el caso que salió a la luz en septiembre de 2015, a través del cuál se descubrió que el fabricante de automóviles había instalado un software de manera ilegal con el objetivo de alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en más de 11 millones de coches diésel, vendidos entre 2009 y 2015. Sin embargo, el propio Luca de Meo ha afirmado que en Volkswagen tienen «el compromiso de reducir la huella medioambiental». Ni corto ni perezoso.

Muy ‘ecologistas’ y poco responsables

Pese a que desde Volkswagen quieren dar ahora una imagen de ecologistas, lo cierto es que ni siquiera sus polémicas se pueden achacar al pasado como el ‘Dieselgate’ o la asfixia a la que sometía a animales en sus pruebas-, ya que, aún a día de hoy, hacen caso omiso a los consumidores españoles afectados.

OCU, de hecho, tilda de «claramente reprochable» la actitud del grupo Volkswagen: «A diferencia de lo que ha sucedido en Estados Unidos o Australia, donde se ha accedido a negociar y buscar soluciones para los afectados, ignora a los consumidores europeos, no dejando más salida que el recurso a tribunales», señala Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU, a OKDIARIO.

Además, la compañía «ha usado todas las estrategias a su alcance para obstaculizar las pretensiones de los afectados, dilatando hasta el límite los procesos… y mucho nos tememos que seguirán haciéndolo, en la medida de sus posibilidades».

«Desde OCU lamentamos la inacción de las distintas administraciones españolas, y confiamos en que finalmente se haga justicia y se reconozcan los derechos de los más de 7.500 consumidores representados por OCU», subrayan desde una organización que se queja de que «una vez más el largo plazo en la resolución del procedimiento pone de manifiesto la necesidad de una reforma de la ley que agilice las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos, como el lamentable Dieselgate».