El congreso tumbará este jueves la trampa del decreto antidesahucios que protege a más de 80.000 okupas

El Pleno del Congreso votará este jueves la derogación o convalidación del decreto ley que prorroga el llamado «escudo social» y que incluye la moratoria antidesahucios con la que el Gobierno pretende proteger a 80.000 okupas. De nuevo el PP, Vox y Junts han anunciado que votarán en contra del texto que ya fue rechazado hace semanas en la Cámara Baja.

Los grupos que tumbaron ese texto esgrimieron, entre otros argumentos, que estaban a favor de la revalorización de las pensiones pero no de la moratoria antidesahucios ni de la prohibición de cortes de suministros básicos a la gente vulnerable, por lo que el Gobierno decidió dividir el decreto en dos textos que se votarán de forma separada.

En este contexto, el Ejecutivo introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts han asegurado que siguen estando en contra del decreto por la «trampa» que ya desveló hace unas semanas OKDIARIO.

Cabe recordar que en la Disposición Transitoria Única el Gobierno incluye un texto que, en la práctica supone la paralización de desahucios anterior al 27 de enero de 2026, fecha en la que decayó el anterior texto.

Esta redacción establece literalmente: «Los procedimientos de desahucio o lanzamiento que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 conforme a lo previsto en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, continuarán suspendidos conforme a lo previsto en el presente real decreto-ley sin necesidad de nueva solicitud.»

Esta disposición transitoria supone, a priori, un engaño generalizado por parte del Ejecutivo, para el PNV y también para todos los afectados por la okupación. De hecho desde la plataforma que les representa apuntan que es un abandono consciente:

«No estamos ante un simple descuido administrativo, sino ante un abandono consciente; la protección social debe ser financiada por el Estado y no mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas de los particulares, quienes no tienen por qué ejercer de servicios sociales».

La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) confía en que la medida sea rechazada por la mayoría parlamentaria con los votos de PP, VOX, Junts y UPN.

El Gobierno elude su responsabilidad

En la misma línea, la PAO asegura que con la presentación de este texto el Ejecutivo «vuelve a eludir su responsabilidad volviendo a derivar a terceros la obligación de disponer de recursos habitacionales».

De igual manera, critican que el decreto antidesahucios supone «un ataque frontal a la clase media» al colocar a los propietarios de tan solo 3 viviendas al mismo nivel que los grandes tenedores o fondos de inversión.

«Nuevamente el decreto insiste en mantener un sistema de compensaciones que ha demostrado ser totalmente ineficaz e injusto. El gobierno sigue sin construir vivienda pública ni gestiona de oficio el pago directo de los alquileres suspendidos», finalizan.