¿Vas a salir 30 minutos antes de trabajar con la reducción de la jornada laboral? Todo lo que se sabe
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En el contexto de las recientes reformas laborales impulsadas por el Gobierno, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha marcado un punto de inflexión. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que se someterá próximamente al Congreso. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una de las principales impulsoras de esta medida, que ya ha causado bastante revuelo, tanto en el ámbito sindical como en el empresarial.
El anteproyecto no sólo implica la reducción de la jornada laboral, sino también la implementación de un sistema digitalizado y obligatorio de registro horario, al cual tendrán acceso tanto los trabajadores como los inspectores de trabajo. Además, se contempla el derecho a la desconexión digital, que será irrenunciable para los empleados. Sin embargo, a pesar de la aprobación inicial de la medida, el camino por recorrer es incierto, ya que el Gobierno no cuenta con un apoyo parlamentario sólido para su futura aprobación.
Reducción de la jornada laboral
La reducción de la jornada laboral avanza en su proceso legislativo. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pasará por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión de Subsecretarios. Posteriormente, el texto recibirá informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Se espera que esté en el Congreso a finales de febrero, donde se podrán hacer enmiendas antes de su aprobación final. El objetivo es que la norma se publique en el BOE antes del verano, dando a las empresas tiempo para adaptarse, con un plazo hasta diciembre de 2025 para los convenios que superen las 37,5 horas semanales.
La medida tiene implicaciones para aquellos que trabajan a tiempo parcial o tienen una jornada reducida. En este sentido, los contratos de trabajo que superen las 37,5 horas semanales pasarán a considerarse de jornada completa. Los trabajadores a tiempo parcial, por su parte, seguirán trabajando el mismo número de horas que antes de la reforma, aunque con la posibilidad de incrementar proporcionalmente su salario.
A pesar de las críticas, Yolanda Díaz ha defendido firmemente la reforma, subrayando que la reducción de la jornada laboral no sólo es constitucional, sino que es una necesidad para mejorar las condiciones laborales en España. La ministra considera que esta medida contribuirá a una mayor productividad y bienestar de los trabajadores, lo cual beneficiará a la sociedad en su conjunto. La disputa entre el Gobierno y la patronal sobre este tema podría prolongarse durante las próximas semanas, especialmente si la CEOE decide llevar su queja ante el Tribunal Constitucional.
La CEOE y Cepyme alertan sobre el impacto negativo de medidas como la reducción de jornada y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que podrían perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Señalan que estas reformas no tienen en cuenta las circunstancias específicas de cada sector o territorio y que podrían afectar la rentabilidad y capacidad de inversión de las empresas. Además, advierten que los empresarios deberán gastar más en horas extra para compensar la reducción de jornada, lo que podría afectar aún más al empleo.
Derecho a la desconexión digital y registro horario
Uno de los aspectos clave de esta reforma es el derecho a la desconexión digital. Este derecho implica que los trabajadores ya no estarán obligados a responder correos electrónicos o atender llamadas fuera de su horario laboral. Este cambio busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiéndoles desconectar adecuadamente al final de la jornada.
Además, la reforma incluye un control digital obligatorio del horario laboral de todos los trabajadores. Este sistema permitirá a los empleados fichar de manera digital al inicio y al final de su jornada, registrando cualquier interrupción en la misma.
Con el nuevo sistema, las horas extraordinarias se registrarán todos los días y se sumarán al final de cada periodo de pago, garantizando que los trabajadores reciban lo que les corresponde. Este control digital no sólo aportará más transparencia, sino que también permitirá a los sindicatos y a la Inspección de Trabajo acceder a los registros en tiempo real, lo que facilitará su supervisión y asegurará que se cumpla la ley.
Sanciones económicas
Una de las mayores preocupaciones es cómo las empresas van a adaptarse a esta nueva normativa. Las sanciones para aquellas que no cumplan con la reducción de la jornada laboral serán más duras que antes. Si antes las multas llegaban hasta los 7.500 euros, ahora se elevan a un rango entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador.
Estas sanciones abarcarán varios aspectos relacionados con la jornada laboral, como las horas extra, las horas complementarias, los descansos, las vacaciones y el registro de jornada. Aunque el objetivo es asegurar que se cumpla la ley, la CEOE se ha mostrado en contra, argumentando que no se debería castigar a las empresas de esta forma.