¿Le van a quitar la sanidad privada a los funcionarios? Esto es lo que dice el Gobierno de MUFACE

El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, descarta la desaparición del modelo MUFACE que atiende a alrededor de dos millones de funcionarios en España. García señaló en una entrevista en ‘Cadena Ser’ que el desmantelamiento de MUFACE no es una de sus prioridades. Esta situación genera inquietud entre los mutualistas, sindicatos y la sanidad privada asociada con las tres aseguradoras de la entidad (Adeslas, Asisa y DKV). La posible eliminación del modelo es un tema preocupante debido a problemas de financiación y a la propuesta de Sumar de integrar gradualmente a los funcionarios en el sistema sanitario público.

Hasta el momento, no hay razón para la incertidumbre. Mónica García ha aclarado que no hay planes para eliminar o reformar el modelo de MUFACE, lo que ha aliviado las preocupaciones del sector privado, que temía consecuencias negativas por cambios en este sistema. El enfoque del Ministerio se centra en cuestiones prioritarias como fortalecer la salud mental, mejorar la Atención Primaria y retomar leyes pendientes, incluyendo la ley antitabaco y la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, destinada a proteger y reforzar la sanidad pública.

El futuro del modelo MUFACE

El sector privado ha resaltado las consecuencias significativas de eliminar MUFACE. La Fundación IDIS advirtió sobre los costes que implicaría para el Estado, estimando entre 2.950 y 3.030 millones de euros el gasto final para atender a los mutualistas en caso de la desaparición del modelo. Ante la confirmación de que el Ministerio de Sanidad no contempla priorizar el fin de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el sector privado ha mostrado alivio. La Fundación IDIS ha destacado la importancia de no considerar este asunto como una prioridad.

Recientemente, IDIS señaló que las complicaciones de acceso al Sistema Nacional de Salud debido al colapso en las listas de espera hacen inviable considerar la eliminación de un modelo que actualmente brinda atención a 1,7 millones de ciudadanos. Además, mencionaron que si se suprimiera este modelo, estos ciudadanos tendrían que recurrir a la Sanidad pública, lo que agravaría considerablemente los problemas de acceso existentes.

IDIS destaca que el sistema de mutualismo administrativo, que abarca a funcionarios a través de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, genera ahorros significativos para el sistema público de salud. Según estimaciones, la prima media de MUFACE en 2022 es de 1.020 euros al año por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita alcanza los 1.674 euros, excluyendo el gasto en farmacia y en mutualidades. Esto representa un 39% menos de gasto por mutualista, lo que implica un ahorro de 654 euros por asegurado para la Administración.

El sector privado señala la necesidad de revisar la financiación del modelo, ya que está aquejado por una insuficiencia económica que se ha incrementado en años recientes. Se destaca un desequilibrio entre las prestaciones abonadas y las primas recaudadas, junto con una siniestralidad que supera el 100%. Advierten que si no se reconsidera esta situación, ni las aseguradoras ni los centros hospitalarios podrán afrontar los costes del modelo, lo que podría llevar a su deterioro progresivo.

Los sindicatos están presionando por una solución a la falta de financiación del sistema sanitario concertado para evitar posibles recortes. MUFACE ha comunicado que está trabajando en la búsqueda de vías para aumentar el presupuesto del contrato público con las aseguradoras, en colaboración con la Abogacía del Estado. Según la memoria de la entidad hasta diciembre de 2022, cuenta con 1.053.934 titulares, un aumento de 15.500 personas en comparación con el año anterior, acercándose a un colectivo de aproximadamente un millón y medio entre titulares y beneficiarios (familiares de mutualistas). Considerando a los demás mutualistas de ISFAS y MUGEJU, la cifra total alcanza casi los dos millones de personas.