El tope de Aragonés al número de pisos turísticos en Cataluña arruinará a los pequeños propietarios

El Decreto ley con el que el Gobierno de Pere Aragonés busca limitar el número de pisos turísticos en Cataluña provocará que «muchos pequeños propietarios no puedan llegar a fin de mes», según explica a OKDIARIO David Riba, presidente de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur). En concreto, la regulación de la Generalitat establece que «se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes».

El Gobierno regional cede a las localidades la competencia de decidir quiénes serán los afectados: «Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda». Sin embargo, el Govern no discriminará entre pequeños o grandes propietarios ni entre personas físicas o jurídicas.

El Decreto establece 5 años de plazo para que los ayuntamientos reordenen su espacio urbanístico y reduzcan el número de licencias. Aquellos que «no puedan compensar las pérdidas patrimoniales» disfrutarán de una prórroga de otros 5 años. El Ejecutivo de Aragonés declara que «la obligación de obtener la nueva licencia afectará a 95.094 pisos existentes en los 262 municipios afectados».

Esta normativa ha sido cuestionada por numerosas instituciones. El Partido Popular ha llevado el Decreto ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, Federatur se ha unido a la parte demandante. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expresó este miércoles su preocupación por esta ley y cuestionó su implantación.

Ataque a los pisos turísticos catalanes

El presidente de Federatur advierte a este periódico que la disposición pone en riesgo un turismo de calidad y cercano. «De lo que se gasta una familia que hace vacaciones en un apartamento turístico, el 30% va destinado a pagar ese alquiler, pero el 60% se está destinando a comercio y a restauración de proximidad, a diferencia de un hotel», explica Riba. «El que utiliza una vivienda de uso turístico va al supermercado de la esquina», sentencia.

De hecho, el representante de los propietarios asegura que «el 50% de las personas que acceden a este tipo de alquileres son de la propia comunidad». Es decir, los pisos turísticos son accesibles para personas cercanas con las que no existe choque cultural.

Además, los propietarios de estas viviendas suelen ser familias, según Riba: «hay gente que tenía unos ahorros y que ha invertido en pisos de meterlo en el banco o en un fondo de inversión». «La gente no quiere alquilar normal porque hay un problema con el mercado derivado de la Ley de la Vivienda», revela el representante.

Por tanto, los pisos turísticos están repartidos en numerosos propietarios que han encontrado en estos servicios una forma de tener ingresos recurrentes: «80.000 familias en Cataluña tienen 100.000 apartamentos». Es decir, el tope al número de viviendas de este estilo que ha impuesto Aragonés perjudicará a la gente corriente. «Muchos de ellos tienen unos ingresos que les permiten llegar a fin de mes con con esta actividad», defiende el dirigente de Federatur.

El representante de la federación también alerta de la «inseguridad jurídica» que genera la normativa: el propio Decreto habla de que las licencias son renovables cada 15 años, algo que va a llevar a a una falta de calidad de los pisos o a una precariedad». «Si se invierte en una vivienda para que esté bien y disponible y no se sabe si va a caducar esa licencia, se genera una inseguridad en la inversión y no se va a invertir», explica. En definitiva, la ley de Aragonés , «afecta la calidad turística» que Federatur califica como «un auténtico despropósito».

La propia CNMC comparte este punto de vista. «De acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, este tipo de medidas requieren un especial esfuerzo de motivación en términos de proporcionalidad y de adecuación. Además, la medida en cuestión no tiene en cuenta las características que distinguen los municipios afectados», declaró en un comunicado la organización el pasado miércoles.

«Los territorios son diferentes porque tienen diferentes realidades», reclama Riba. «Salou tiene 4.000 viviendas turísticas y 4.000 pisos vacíos. En esas circunstancias, el alcalde dice: me vais a quitar el turismo pero lo que hace falta es facilitar más vivienda», afirma el líder de los propietarios. Por tanto, los agentes sociales no se explican por qué este Decreto se ha realizado «sin diálogo con los implicados» y siguiendo criterios que perjudican a los más humildes.