Una sentencia de la Audiencia Nacional favorece los argumentos de FCC y Acciona en el ‘caso Acuamed’

FCC, Acciona y el resto de constructoras investigadas en el caso Acuamed defienden que los sobrecostes en las obras públicas son habituales y no hubo concertación con la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para defraudar dinero público, como han ratificado también los arbitrajes que se han dictaminado hasta ahora por los tribunales civiles. Así lo refleja también una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en otro caso, el de la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, donde el juez da por válidos los sobrecostes pagados por la Administración central a través de la entidad Puertos del Estado.

El magistrado señala que las dos partes elevaron el presupuesto de la obra sin concertación y limita las negociaciones entre ambas a «discrepancias de criterio, mirando cada uno en favor de sus propios intereses». De hecho, la Fiscalía ha decidido no recurrir esa sentencia. Los sobrecostes pactados entre las constructoras y la Administración ascendieron a 125 millones de euros, y el juez descarta que hubiera concertación entre las partes para generar un desfalco al erario público.

Se da la circunstancia de que el fiscal de este caso ha sido Miguel Serrano, pareja de Inmaculada Violán, la fiscal que ha estado llevando la acusación en el caso Acuamed. Siete años después de iniciada esta investigación, que ha llevado a la cárcel a varios directivos, la Fiscalía aún no ha determinado los costes de las obras que están bajo sospecha. Ha encargado peritajes a Tragsa que no han servido para aclarar con exactitud las cantidades, por lo que es difícil determinar si se han inflado los sobrecostes que pagó la ex cúpula de Acuamed a constructoras como Acciona y FCC.

La fiscal Violán ha encontrado un nuevo destino en Canarias y dejará el caso. La favorita para hacerse con este sumario es Concepción Sabadell, la fiscal de Gürtel, otro caso contra el PP. En la profesión está considerada aún más sectaria que Violán. De hecho, Sabadell ya intentó sin éxito investigar en Europa el caso Acuamed.

FCC, Acciona, el resto de constructoras y la ex cúpula de la firma investigada defienden que los sobrecostes pagados en las obras públicas no causaron ningún desfalco al erario público. Y defienden que las negociaciones que emprendieron entre las partes para pactar los sobreprecios sirvieron para ahorrar dinero a la Administración.

FCC y Acciona

En cambio, la fiscal Violán acusa a las constructoras de concertar junto a los ex directivos de la empresa pública precios inflados a cambio de regalos, como entradas de fútbol. Los acusados defienden que se trata de negociaciones habituales entre la Administración y las empresas cuando se trata de obras públicas, en las que cada parte defiende sus intereses.

Hasta el momento, el juez Manuel García Castellón ha desimputado a dos altos cargos de Acciona, aunque mantiene como investigados a otros directivos de segundo nivel de esa constructora y de FCC.