Impuesto

Sánchez vuelve a improvisar: anuncia que la banca pagará el AJD por decreto y necesita una ley

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez en una imagen reciente (EP).

El Gobierno tiene que cambiar el Artículo 29 de la Ley no el reglamento puesto en duda

Sánchez sí podría modificar por Decreto el reglamento puesto en duda por el Supremo

El Gobierno ni siquiera ha visto la sentencia del Tribunal Supremo

Las prisas con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido colgarse la medalla de ser el político con más mano dura contra la banca pueden ser contraproducentes para la ejecución de sus planes. El Ejecutivo anunció ayer que el Consejo de Ministros de este jueves dará luz verde a un Decreto Ley con el que modificará la Ley que regula el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

El anuncio generó malestar en la abogacía del Estado y desató serias dudas a muchos juristas sobre las formas jurídicas que Sánchez va a emplear, puesto que su Decreto podría ser incluso inconstitucional. Esta situación amenaza con crear un escenario de inseguridad jurídica que podría tener consecuencias serias sobre el mercado hipotecario a medio o largo plazo. El motivo es claro. La Ley del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados establece en su Artículo 29 que "será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". Esto es, que será el que compre la vivienda el que pagará el tributo.

Para modificar ese artículo de la Ley (no el reglamento posterior que lo desarrolla y que ha sido el objeto de debate del Pleno del Tribunal Supremo), es necesaria una tramitación de ley, puesto que afecta al deber fundamental de contribuir a las arcas públicas.

En el artículo 86 de la Constitución se establece con claridad que en caso de urgencia, "el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

Esos deberes fundamentales a los que alude, son recogidos en el Artículo 31 de la Carta Magna que dice así: "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

Necesita una ley

De este modo, modificar una Ley que afecta al deber de contribuir no se puede hacer con un Real Decreto sino que necesita una ley. El Gobierno podría extralimitarse en el uso del Decreto, lo que tendría consecuencias nefastas en el futuro para sus planes, puesto que el Tribunal Constitucional podría acabar tumbando que sea el ciudadano y no el banco el que pague el AJD por no haberse legislado de forma correcta.

"Se plantea un problema porque si alguien acude al Constitucional puede acabar estableciéndose que la medida es inconstitucional, algo que no tiene sentido teniendo en cuenta que ahora mismo hay una mayoría parlamentaria que permitiría sacar adelante el cambio para que sea el banco y no el cliente el que cargue con los gastos en el marco de la Ley Hipotecaria", explica a este periódico el ponente de la comisión del proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario y diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre.

El Gobierno va a legislar en caliente sin conocer el texto de la decisión del Pleno del Tribunal Supremo

También consultado por OKDIARIO, el prestigioso constitucionalista Ramón Rodríguez Arribas señala que si lo que Sánchez va a modificar es sólo un reglamento, sí sería válida la fórmula del Decreto Ley. El problema, añaden fuentes próximas a la abogacía del Estado, es que se va a modificar la propia Ley.

En cualquier caso, "es una barbaridad tener estas prisas para legislar porque se pueden equivocar. Hay que tener en cuenta que el Gobierno ni siquiera tiene la sentencia del Tribunal Supremo", afirma Rodríguez Arribas.

En este contexto de dudas, el Consejo de Ministros tratará de dar forma a un Decreto con claro objeto electoralista que no va a garantizar la seguridad jurídica ni de bancos, ni de ciudadanos. Algo que no se entiende estando abierta la ponencia del proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que podría abordar este asunto con todas las garantías al contar con mayoría para aprobar el plan de Sánchez. El problema sería que esperar a que la comisión del Congreso vote el texto de esa Ley no permitiría al PSOE colgarse la medalla de la medida.

 

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