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El Pacto Mundial de la ONU readmite a Volkswagen tras cinco años del escándalo de emisiones de diésel

El Pacto Mundial de la ONU readmite a Volkswagen tras cinco años del escándalo de emisiones de diésel
Volkswagen

El Grupo Volkswagen ha sido readmitido oficialmente como participante del Pacto Mundial de la Naciones Unidas, tras cinco años de ausencia por el escándalo de las emisiones de los motores diésel trucados que burlaban los controles de emisiones de gases -más conocido como Diéselgate- que obligó a retirarse en noviembre de 2015, según ha informado el fabricante automovilístico alemán.

En concreto, esta decisión se ha basado en el cambio de políticas de conformidad e integridad de la compañía, resultado de la conclusión satisfactoria de la monitorización supervisada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. «El ambicioso programa de protección del clima de la marca también fue recibido positivamente», ha explicado la empresa. Un escenario que llega, después de que el Grupo Volkswagen ya haya hecho frente a los litigios por la crisis de la emisiones en Alemania y Estados Unidos. También en España, aunque aún quedan miles de demandas por resolver debido a la lenta burocracia.

Hasta el año 2025, Volkswagen tiene previsto recortar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a lo largo del ciclo de vida de su porfolio de turismos en un 30% respecto a 2015, y se ha fijado el objetivo de ser climáticamente neutro de aquí a 2050. No obstante, este año tendrá que hacer frente al pago de una sanción que podría ascender hasta los 136 millones de euros por incumplir los niveles de emisiones impuestos por la Comisión Europea (CE), según las estimaciones publicadas por International Council on Clean Transportation (ICCT) a las que tuvo acceso este diario.

Sentencia en España

Volkswagen aún arrastra las consecuencias del escándalo de las emisiones de los motores diésel trucados que burlaban los controles de emisiones de gases en España. La última ha sido que un juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha ordenado a la compañía cesar en esta conducta y le ha prohibido que la repita en el futuro. También obliga en su escrito a reparar todos los vehículos afectados, ya sea mediante la modificación del software instalado o a través del cambio del hardware si fuese preciso. Siempre de forma gratuita.

En cuando a los consumidores afectados representados por la OCU, se les reconoce una indemnización por daños y perjuicios causados de una cuantía de 3.000 euros por afectado, ascendiendo el monto indemnizatorio total a 16,33 millones de euros, ya que se contabilizan un total de 5.444 vehículos y no los 7.542 automóviles que en un principio pedían compensación.

A pesar de ello, la sentencia es susceptible de Recurso de Apelación, habiendo 20 días hábiles para poder declarar la firmeza de la misma. En este sentido, fuentes del grupo automovilístico Volkswagen han confirmado que la compañía recurrirá dicha sentencia, por lo que los servicios jurídicos de la empresa ya están estudiando la misma para evitar desembolsar más de 16 millones de euros y reducir al máximo está cuantía.

Todo ello después de que el grupo automovilístico germano admitiese en septiembre de 2015 haber manipulado más de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo mediante la colocación de un dispositivo que alteraba las emisiones reales de óxidos de nitrógeno (NOx).

Estrategia de electrificación

El portavoz del Consejo de Sostenibilidad de Volkswagen, Georg Kell, ha señalado que desde la expulsión del Pacto Mundial de la ONU, la empresa ha trabajado para renovar la escala de valores de la compañía y que la estrategia de electrificación lo ha puesto a la cabeza de la transformación de la industria automóvil para volver a formar parte.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas fue fundado en el año 2000 y es una llamada a las compañías de todo el mundo a alinear sus operaciones y estrategias con los Diez Principios en los ámbitos de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la lucha contra la corrupción. Todas las compañías participantes tienen la obligación de presentar un informe anual sobre sus respectivas actuaciones orientadas a la implementación de los principios con el objetivo de impulsar al sector y mejorar su sostenibilidad.

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