Megasa, Sidenor y Gallardo negocian con el Gobierno su entrada en Celsa para garantizar su españolidad

La exigencia del Gobierno de que Celsa tenga un accionista industrial español de referencia para autorizar la toma de control por los fondos acreedores ha obtenido respuesta. Tres siderúrgicas nacionales -Megasa, Sidenor y Grupo Gallardo- están en conversaciones con el Ejecutivo para adquirir una participación de en torno al 20%, según fuentes conocedoras de la operación.

Como ha venido informando OKDIARIO, un juzgado de Barcelona sentenció en septiembre que Celsa pasara a manos de sus acreedores mediante la conversión de deuda en capital, en vista de la situación de insolvencia de la compañía, que no podía afrontar los 2.300 millones de su deuda. Algo que implicaba la pérdida de la misma por parte de sus fundadores, la familia Rubiralta.

Ante esa sentencia, el Ministerio de Industria salió al paso y advirtió de que esta toma de control debe ser autorizada por el Gobierno, ya que los fondos son extranjeros y Celsa es una empresa estratégica, aunque el sector siderúrgico no aparece en la normativa que regula el llamado escudo antiopas. Y la condición que el Ejecutivo impuso para dar su plácet es la incorporación a Celsa de un socio industrial español que debe adquirir el 20% del capital, con el argumento de «blindar la españolidad del grupo».

En esa búsqueda de un accionista español, se han mostrado interesados los tres grupos mencionados. Megasa es una empresa propiedad de la familia gallega Freire y especializada en productos siderúrgicos largos, con presencia en Francia y Portugal. Esta compañía obtuvo un beneficio neto de 260 millones de euros en 2022, con un crecimiento del 40% pese a la fuerte subida de los costes energéticos.

Sidenor, por su parte, es una siderúrgica con sede en el País Vasco y propiedad del empresario José Antonio Jainaga, que la compró a la brasileña Gerdau en 2016. Sidenor ganó el año pasado 48 millones, con un crecimiento del 92% respecto a 2021.

El tercer candidato en liza es el Grupo Gallardo, empresa extremeña que en 2020 fue vendida a Cristian Lay (CL Grupo Industrial), el conglomerado del empresario Ricardo Leal. En este caso, las cuentas disponibles son de todo Cristian Lay, que el año pasado obtuvo un beneficio de 69,2 millones, un 34,7% que en el ejercicio precedente.

Clavo ardiendo de los Rubiralta

Los fondos que se han hecho con el control de Celsa son Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree y Attestor. La empresa que obtenga el visto bueno del Gobierno tendrá que negociar con ellos las condiciones para la adquisición del 20% del capital.

La familia Rubiralta ha presionado a través de la Generalitat de Cataluña para que se aplicara el escudo antiopas como último clavo ardiendo: si el Gobierno no autoriza la toma de control, la operación será nula y la familia recuperará su empresa.

Para evitarlo, los fondos se pusieron rápidamente en contacto con Industria y negociaron las condiciones que deberían cumplir para recibir el visto bueno gubernamental. De hecho, antes de la sentencia habían ofrecido a los Rubiralta mantenerse en la gestión, dado que necesitan a alguien experto para dirigir la empresa.

Además de la búsqueda del socio, el Ejecutivo también impuso restricciones al cierre de centros y a los despidos colectivos en los próximos años, para evitar la deslocalización de la producción o la pérdida de empleo. Para demostrar sus buenas intenciones, los fondos han nombrado presidente a Rafael Villaseca, histórico de La Caixa y ex consejero delegado de la antigua Gas Natural (hoy Naturgy).