Goirigolzarri (CaixaBank): «Hemos analizado en el consejo el cambio de sede y seguiremos en Valencia»

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, ha señalado que la sede del banco seguirá estando en Valencia y no volverá a Barcelona pese a las presiones y amenazas de los independentistas catalanes y el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez para cambiar la Ley de Sociedades y obligar a las empresas a situar su sede donde tienen la actividad operativa.

«Es un tema que hemos analizado ampliamente en el consejo y la decisión es que seguiremos en Valencia», ha señalado Goirigolzarri este viernes en la rueda de prensa de presentación de resultados de CaixaBank. «Sobre las amenazas no tenemos nada que decir y no nos sentimos presionados por nadie para cambiarla», ha señalado Goirigolzarri.

El presidente del banco ha explicado que la sede de CaixaBank y de Bankia ya estaban las dos en Valencia cuando se fusionaron en 2020. «Y con la fusión, se ampliaron las operaciones del banco a otros mercados cómo el valenciano y el madrileño», ha dicho. «En consecuencia, seguimos pensando lo mismo. Estamos cómodos en Valencia, nos han acogido bien y es una ciudad que nos da equilibrio», ha insistido.

Caixabank cambió su sede de Barcelona a Valencia en 2017 por los riesgos asociados al procès de independencia. Bankia ya tenía su sede allí después de la fusión de CajaMadrid con otras siete cajas, entre ellas Bancaja, en 2010.

Ahora, aprovechando el resultado electoral de julio y la necesidad de Sánchez de contar con los siete votos de Junts para seguir gobernando, el partido de Carles Puigdemont está presionando para obligar a las empresas que se fueron de Barcelona a volver. Junts habló incluso de multar a las que no volvieran pero finalmente ha acordado con el PSOE cambiar la Ley de Sociedades para obligar a las compañías a localizarse donde tengan la sede operativa.

Aunque públicamente todos lo niegan, también lo ha hecho este viernes Goirigolzarri, uno de los objetivos de los independentistas es CaixaBank, tomar el control de la entidad, de su grupo de participaciones empresariales -Naturgy, Telefónica, Cellnex…- y de los 600 millones que invierte cada año la Obra Social.

Goirigolzarri: impuesto a la banca

El ex presidente de Bankia ha mantenido el tono conciliador del resto de presidentes y consejeros delegados de la banca durante la ronda de presentación de resultados de esta semana y ha aplaudido la decisión del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de reunirse con los jefes de los bancos.

«Las relaciones con el Gobierno nunca han estado deterioradas. Es positivo y bueno para todos que el nuevo ministro de Economía se reúna con el sector. El diálogo siempre es bueno aunque luego que no estemos de acuerdo en todo también entra dentro de la normalidad», ha señalado.

Por lo tanto, sobre el impuesto a la banca, que ha pagado 373 millones en 2023 y este año le va a costar a la entidad unos 500 millones de euros, Goirigolzarri sólo ha dicho una frase: «La mejor manera de mejorarlo es eliminarlo».

Sí ha hecho una reflexión más amplia y ha defendido que los beneficios extraordinarios del sector no existen. «Actualmente, los niveles de rentabilidad del banco son normales, no extraordinarios. Lo extraordinario era la rentabilidad de la banca cuando los tipos eran negativos», ha destacado.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno es accionista del banco a través del FROB con un 17% del capital. En virtud de ese porcentaje, las arcas públicas van a recibir alrededor de 500 millones de euros en dividendo. CaixaBank ha anunciado que repartirá 2.980 millones de euros entre los accionistas con cargo a los beneficios de 2023, que se han situado en 4.816 millones. Además, ha pedido ya autorización para realizar una nueva recompra de acciones, en línea con el resto del sector.

La Fundación Bancaria la Caixa -matriz del banco y del resto de participadas- recibirá unos 900 millones de euros en dividendos, tiene el 33% del capital, y el segundo mayor perceptor de fondos será el Gobierno a través del FROB. Sobre esa participación, Goirigolzarri ha señalado que les corresponde a ellos decidir cuándo y cómo venden esos títulos. De momento, el plazo acaba en diciembre de 2025 -aunque el Ejecutivo lo ha ampliado varias veces-.