El Gobierno intentará sacar los Presupuestos Generales en 2025 para que su prórroga esté activa en 2026

Los Presupuestos Generales del Estado de 2025 siguen en el aire. En el seno del Ministerio de Hacienda divagan entre buscar un acuerdo, aunque lleve meses, o dejar correr el reloj sabiendo que las posiciones entre Junts y el Psoe no podrían estar más alejadas. Fuentes del Ejecutivo deslizan que, en realidad, la idea es «conseguir sacar adelante los presupuestos, aunque fuera a final de año y no diera tiempo a su implementación», para lograr que en «2026 se aplique la prórroga de estos, y no los de 2023», que tienen mucho más que ver con la recuperación de lo vivido durante la pandemia.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo no presentarán los Presupuestos Generales «si no hay apoyos para sacarlos adelante», y de momento ese apoyo «está lejos de llegar por parte de Junts». Cumplir lo pactado con Cataluña en materia de de financiación, el conocido como regalo fiscal a esa comunidad, es el principio de todo. María Jesús Montero defiende en público, a capa y espada, lo que prefiere llamar «financiación singular para Cataluña», y hacerla extensiva, en lo que a quita de deuda se refiere, a todas las CCAA. Pero eso no convence a Cataluña. Los economistas de Fedea ya advirtieron de que esto pasaría.

La realidad es que Montero no está del todo cómoda en este papel. Fuentes cercanas a la ministra aseguran que ella habría sido «dialogante, pero mucho más clara en todos los términos de ese diálogo con Cataluña, de lo que le permiten desde Presidencia». La relación con Junts es muy delicada, y en Moncloa «no quieren perder todas las batallas a la vez por culpa de esa claridad». Montero hace «malabares» para sostener los acuerdos con Cataluña, ERC y Junts, y a la vez no romper las relaciones con las demás comunidades autónomas.

Y eso a pesar de que el pasado viernes encontró un enemigo en su propio partido, cuando el PSOE de Castilla La Mancha anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto del impuesto a la banca. Montero sigue decidida a sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, pero entiende que servirán de poco en 2025.

Y en realidad es un deber mal hecho. Desde la oposición le afean (ella misma haría lo mismo) que los presupuestos tienen que servir para el año natural, que es lo que dice la propia norma, y por eso han de estar presentados a finales de octubre como tarde, para que puedan debatirse y salir adelante tras entre dos y tres meses de tramitación. Eso le llevaría a negociar los Presupuestos Generales de 2026, pero sabe que si entra al trapo de esa negociación tras el verano, jugaría «con el reloj en contra en la negociación». Por eso los quiere tramitar ahora, para que, aunque burocráticamente no haya capacidad de gestión real, sirvan para gestionar también en 2026.

Al respecto, el artículo 134.4 de la Constitución Española establece que, si no se aprueban los nuevos presupuestos antes del primer día del ejercicio económico, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. El ministerio de Hacienda no quiero plantear públicamente el hecho de que no habría presupuestos en 2026, pero es el escenario que contempla. Aprobar unos este año, por tarde que sea, que le permitan tener una base en la que esté mejor contemplado el reparto de fondos europeos, los llamados Next Generation, y que a su vez se adapte a las presiones de la Comisión Europea.

Desde Bruselas presionan en dos vías. La primera, de sobra conocida estos días, es un aumento del gasto en Defensa, que será y se llamará así por más que el Ejecutivo de Pedro Sánchez les quiera poner un apellido extraño. La segunda vía es una nueva subida de impuestos. Exige un aumento en la presión fiscal de determinados impuestos, aunque la carga tributaria rondaría la asfixia de aplicarse lo que pide Europa.

Este último dilema se podría resolver si, aunque subiera la presión fiscal en Irpf (donde pelea con el Congreso para evitar que el salario mínimo quede exento), bajase la presión de los impuestos indirectos, y rebajara el pago de tasas. No es real, como dice Europa, que los impuestos estén demasiado bajos en España, sino que la carga tributaria no está bien repartida, lo que hace que Bruselas pida esa subida para varios impuestos directos, en incluso para determinados tramos de IVA. A cambio, el Ejecutivo debería de rebajar otros tributos, y no parece dispuesto a hacer ninguna de las dos cosas. Al menos, a día de hoy, desde el ministerio de Hacienda aseguran a OKDIARIO que no barajan ninguna otra subida impositiva: «Ni siquiera se intentará de nuevo con el impuesto energético».

Con esa base, Montero tratará en abril de cerrar el capítulo de la deuda de las comunidades autónomas y buscará negociar en Cataluña la puesta en marcha de los presupuestos de 2025. Aunque no sirvan , realmente, para 2025.