Gobierno y Ejército

Sumar ha permitido a Sánchez gastar 5.100 millones más en Defensa a escondidas y al margen del Congreso

Ha consentido que el Gobierno realizara continuas modificaciones presupuestarias para elevar el gasto militar mientras dice que se opone a ello

Sumar Defensa
Roberto Pérez
  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

Yolanda Díaz y el resto de su ala comunista del Gobierno han permitido de tapadillo a Pedro Sánchez gastar 5.100 millones de euros más en Defensa en los dos últimos años, saltándose la cifra tope fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Mientras Díaz y los suyos han estado pregonando en público su oposición al aumento del gasto militar, en la privacidad del Gobierno de coalición han contribuido, con su anuencia, a que los PGE fueran modificados reiteradamente para engordar las partidas de gasto en Defensa: 2.424 millones extra en 2023 y otros 2.714 adicionales en 2024, según la documentación contable oficial del Ministerio de Hacienda a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Entre sus principales consignas propagandísticas e identitarias, tanto Podemos como Sumar han pregonado continuamente la contención e incluso recorte del gasto militar. Lo han hecho sin interrupción, incluso ahora, cuando el nuevo tablero mundial surgido tras la llegada de Trump a la Casa Blanca obliga a los países europeos a despertar de su letargo en materia militar y a reforzar sus capacidades defensivas. España, además, como el resto de países que integran la OTAN, se enfrenta a la obligación de cumplir de una vez por todas con el umbral de gasto militar que marcó la Alianza Atlántica y que el Gobierno de Sánchez ha incumplido de forma flagrante: es el socio de la OTAN que menos esfuerzo presupuestario dedica a Defensa en proporción al PIB nacional.

La tradicional pose contra el aumento de los gastos militares la siguen cultivando en público Yolanda Díaz y el resto de sus ministros de Sumar, como antes lo hicieron formando parte de Podemos. Pero lo cierto es que esa pose, en los últimos años, se demuestra que ha sido justo eso: pose.

Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda del Gobierno desde julio de 2021, pero ya era ministra desde enero de 2020. Es decir, desde que el PSOE y Podemos pactaron la formación del Gobierno surgido de las elecciones generales celebradas a finales de 2019. Cuando Podemos mostró síntomas de hundimiento, Díaz buscó garantizarse la continuidad con nueva marca, Sumar. A Yolanda Díaz le funcionó la estrategia, de modo que tras las generales de julio de 2023 siguió siendo vicepresidenta mientras un Podemos drásticamente menguado ha acabado relegado a un rincón del Congreso, fuera ya del Ejecutivo.

Lo contrario de lo que pregona

Durante todo este tiempo, Yolanda Díaz y los suyos han favorecido desde el Gobierno justo lo contrario que han pregonado en público: un aumento del gasto militar hecho, además, con mínima transparencia y a espaldas del Congreso, a escondidas.

La mecánica para hacerlo de tapadillo ha sido la siguiente: la última Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada por el Gobierno de Sánchez, las cuentas de 2023 –que siguen prorrogadas al no haberse aprobado cuentas nuevas en tiempo y forma–, incluyeron una partida para Defensa que aparentemente tenía en cuenta esa contención pregonada en público por los comunistas. Con esa cifra consiguieron que las cuentas fueran aprobadas y que entraran en vigor el 1 de enero de 2023, apoyadas también por la retahíla de grupos independentistas –proetarras de Bildu incluidos– que sostienen a Sánchez en La Moncloa desde junio de 2018, cuando se instaló en el palacio presidencial gracias a su moción de censura contra Rajoy.

A espaldas del Congreso

El caso es que los últimos PGE en vigor, los de 2023, fijaron un tope de gasto para Defensa de 12.828 millones de euros. Eso es lo que se votó y aprobó en el Congreso. Ninguna otra cifra han votado las Cámaras. Sin embargo, superado este trámite parlamentario, el Gobierno de socialistas y comunistas empezó a remendar unilateralmente las cuentas y a elevar, mes a mes, las partidas de gasto militar sin que Díaz y los suyos clamaran en contra de ello ni hicieran de este asunto un motivo de discusión ni mucho menos de crisis gubernamental. Anuencia, silencio tornado en decisivo consentimiento como parte del Gobierno de Sánchez.

Estas modificaciones presupuestarias las puede hacer el Gobierno sin someterlas a la consideración del Congreso. Nada obsta a llevarlo ante el Parlamento, pero el Ejecutivo de socialistas y comunistas ha optado por ahorrarse el trámite agarrándose a que la normativa no se lo exige. Y eso que Sumar –como antes Podemos– insistieron en sus proclamas electorales en exigir «transparencia» al gasto militar.

Los multimillonarios aumentos

La realidad es que los PGE de 2023 –que siguen en vigor, en calidad de cuentas prorrogadas– fijaron ese tope de gasto en Defensa de 12.828 millones, pero por la vía de las modificaciones presupuestarias gubernamentales la dotación se elevó hasta los 15.251 millones. Es decir, 2.424 millones más con el consentimiento de Sumar, de tapadillo.

El año pasado, 2024, hubo más de lo mismo. Idéntica estrategia, misma técnica, igual anuencia de Sumar: por la vía de las modificaciones presupuestarias tejidas unilateralmente por el Gobierno a espaldas del Congreso, se elevó la dotación de Defensa hasta los 15.541,4 millones, 2.741 por encima de lo que sobre el papel marcan los PGE de 2023 que están prorrogados.

Es decir, en dos años, 5.165 millones de aumento en el gasto de Defensa realizado por el Gobierno con la participación de Yolanda Díaz y los suyos. Aunque muy alejado de la cifra que debería alcanzar España para cumplir con sus compromisos en el seno de la OTAN, ese incremento del presupuesto militar que ha realizado el Gobierno al margen del Congreso y con la anuencia de Sumar es significativo: tanto en 2023 como en 2024, un 20% más de lo que el Ejecutivo de socialistas y comunistas había fijado en los Presupuestos Generales del Estado cuando los aprobó de la mano de sus aliados parlamentarios, proetarras de Bildu incluidos, además de –entre otros– Compromís, Podemos, la ERC del diputado Gabriel Rufián, el PNV o la bancada que ocupan los diputados que desde el extranjero dirige Puigdemont.

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