Expertos señalan la «dudosa legalidad» de la maniobra del Gobierno para financiar el asalto a Telefónica

El Gobierno ha hecho una pirueta presupuestaria cuya legalidad es cuestionable, como mínimo, para financiar la compra del 3% de Telefónica anunciada el lunes y continuar las compras hasta el 10% previsto, según expertos en Presupuestos consultados por OKDIARIO.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado ninguna explicación pública del origen del dinero para la operación. Un portavoz del Ministerio de Hacienda explica que estos fondos han salido del capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado (operaciones financieras) de 2023 que se han prorrogado, dotado con 40.355 millones. Según este portavoz, este dinero no estaba asignado a ningún programa de gasto y, por tanto, puede utilizarse en esta operación.

Sin embargo, las fuentes consultadas explican que «los 40.000 millones es el presupuesto para todos los ministerios, pero no pueden moverlo entre ministerios ni entre programas, según la Ley General Presupuestaria. Tendría que haber una modificación de la ley aprobada por el Consejo de Ministros y refrendada por el Parlamento. La maniobra es dudosamente legal o directamente ilegal». Tampoco sería legal transferir ese dinero a un organismo externo como la SEPI, según estas fuentes.

Dentro de esos 40.000 millones hay una partida da 16.000 millones, según unas fuentes, o de 20.000, según otras, que se usa para dotar el Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas y el Fondo de Financiación de Entidades Locales. El excedente de esa partida es lo que podría usarse para financiar al asalto a Telefónica: unos 700 millones el 3% ya adquirido y cerca de 2.300 el 10% en total.

Ahora bien, aparte de la posible ilegalidad, está la cuestión de que ese supuesto excedente no podrá ir a otros destinos que se han beneficiado de él en años anteriores. El principal ha sido Adif, el gestor de la red ferroviaria, que tendría menos recursos para inversiones en un momento en que se están poniendo en marcha nuevas líneas de alta velocidad y en que es necesario modernizar las antiguas por la llegada de la competencia.

También afectaría al CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial), el ICO e incluso el desarrollo de vivienda social por parte de Sepes, en teoría una de las prioridades del Gobierno del PSOE y Sumar.

En todo caso, parece claro que el Gobierno ya tenía lanzada la operación de entrada en Telefónica cuando renunció a aprobar los Presupuestos de 2024. Un 3% del capital no se adquiere en un día, sino que se va acumulando a base de pequeñas compras en cada sesión bursátil. Y eso le ha forzado a improvisar una solución a toda prisa aunque tenga que bordear la ilegalidad, ante las dificultades para financiarla por cauces normales.

Como informó este medio, esos cauces se cerraron con la renuncia de Sánchez a los Presupuestos de 2024, lo que únicamente dejaba como alternativas endeudar a la SEPI (opción también muy compleja de llevar a la práctica) o buscar una pirueta para sacar el dinero de los Presupuestos de 2023 prorrogados, como la que finalmente se ha ejecutado.

Falta de transparencia

Las críticas de los expertos también se centran en la absoluta falta de transparencia del Gobierno sobre este asunto: «Con lo que estamos viendo de operaciones ocultas de varios ministerios con la trama Koldo o de la Federación Española, no puedes ser opaco también con algo tan gordo como la compra de Telefónica, porque siembras dudas sobre su legalidad», señala otra fuente.

«Si todo fuera perfectamente legal y han usado una fórmula permitida, no se entiende que no lo expliquen claramente desde el minuto uno», añade otra. Fuentes del Partido Popular aseguran que pedirán explicaciones al Gobierno en el Congreso sobre la forma de financiar esta adquisición. Ni siquiera se ha desvelado el coste de ese 3%, ya que se ha ido adquiriendo mediante pequeñas compras cada día. A precios del lunes, habría costado unos 700 millones.

A ese respecto, se está incrementando el coste de la operación debido precisamente a que el Gobierno la anunció antes de llevarla a cabo -en el mercado se hace siempre lo contrario, como hizo la saudí STC con su 10%- y a la tardanza en ejecutarla. El sobrecoste entre marzo y diciembre es de unos 70 millones. Y este martes Telefónica subió cerca del 2% después de confirmarse la compra del 3% y de que la portavoz del Gobierno insistiera en que pretenden llegar al 10% «lo más rápido posible».