El desbloqueo político impulsa la obra pública con 630 millones en enero: la mitad de ayuntamientos

El desbloqueo político tras la investidura de Mariano Rajoy ha permitido que 2017 comience con un importante incremento de los proyectos de obra pública e infraestructuras impulsados por las administraciones españolas. En concreto, el volumen licitado ha crecido un 17,5% interanual en el mes de enero, alcanzando un total de 630 millones de euros, según los datos de la patronal Seopan.

El espectacular repunte se ha producido principalmente por las licitaciones de los ayuntamientos y las diputaciones, que sacaron a concurso ofertas por un importe superior a los 300 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 63% respecto a enero de 2016 y supone casi la mitad del total estatal.

El Ministerio de Fomento, principal organismo inversor del Estado central elevó un 12,3% la promoción de obras, aunque el mayor impulso corresponde al incremento de los trabajos licitados por AENA, por 33,7 millones de euros, un importe que además financia la propia operadora de aeropuertos sin cargo al presupuesto público.

Por su parte, la licitación de obras del AVE se hundió un 60,6%, hasta sólo suponer 7,14 millones de euros en enero, mes en el que el Ministerio de Fomento no sacó a concurso una sola obra de carreteras. De su lado, Puertos del Estado redujo un 15,8% la promoción de trabajos, hasta los 11,27 millones, un importe que también autofinancia este ente público.

En cuanto a las comunidades autónomas, en el primer mes del año recortaron un 18,4% la licitación de obras, que sumaron 227 millones de euros, que no obstante representa algo más de la tercera parte (un 36%) del total estatal.

A pesar de este buen arranque de año el volumen de las licitaciones acumulado en los últimos doce meses todavía se sitúa en mínimos históricos. Desde febrero del pasado año hasta enero de 2017 la obra pública promovida por las diferentes administraciones equivale a un 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), una tasa que es muy inferior a la media de los últimos veinte años: el 2,7% del PIB.

En 2016 el importe de obra pública licitado fue uno de los más bajos de los últimos diez años y al cerrar el ejercicio con un volumen de una quinta parte del máximo de 46.700 millones contabilizado en 2006, antes de la crisis.

Según destacó en un reciente informe Seopan, la reducción de 60.000 millones de euros del déficit público conseguida en los últimos seis años se ha centrado, en lo relativo a la reducción del gasto público, en un 48% en recortes de inversión pública, por delante del gasto corriente (36%) y transferencias de capital (16%). Tal situación ha motivado que España tenga el menor ratio inversor en términos de superficie y población de la UE, y que nuestra inversión pública represente actualmente, en valor absoluto, la tercera parte que la de Francia, Alemania y Reino Unido.

«Este panorama de restricción inversora ha acrecentado nuestro déficit en infraestructuras, además de su insuficiente conservación, en áreas como el ciclo integral del agua, medio ambiente, equipamiento público, logística, movilidad urbana y conexiones energéticas», indica Seopan.

Según datos de la Comisión Europea, el déficit de inversión pública anual de España respecto de la media de las cuatro mayores economías europeas es de 19.000 millones de euros, valor que coincide con el que calcula la consultora AT Kearney. «Si se incorporase dicho déficit a nuestro nivel de inversión actual, nos situaríamos en niveles de actividad de 2003/2004 con 41.000 millones de euros de inversión pública anual, justo antes del despegue inversor que alcanzó su máximo en 2009», señala la patronal.