La CNMC expedienta a Repsol por ofrecer descuentos a sus clientes tras criticar el impuestazo de Sánchez

La CNMC, organismo controlado por el Gobierno y donde la ministra Teresa Ribera situó a su marido, Mariano Bacigalupo, antes de enviarlo de consejero a la CNMV, ha abierto expediente sancionador a Repsol por hacer descuentos a sus clientes de su aplicación Waylet después de que la cúpula de la petrolera española haya criticado duramente el impuestazo del Gobierno a las energéticas y de advertir que suspenderá inversiones en España si se prorrogaba, como han pactado PSOE y Sumar en su acuerdo de legislatura.

Este expediente se abre después de que la CNMC haya investigado durante un año también a Cepsa y BP por supuesto abuso de posición de dominio con sus descuentos. Ahora, deja fuera a estas dos petroleras y se centra en Repsol.

La compañía rechaza el expediente y asegura que no tiene «una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia. Repsol ha hecho un enorme esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania, con más de 500 millones de euros destinados a descuentos en sus estaciones de servicio en España. En definitiva, la CNMC ha abierto un expediente sancionador por una medida dirigida a favorecer a los consumidores».

Se da la circunstancia de que este expediente de un organismo público como Competencia se produce después de que Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, haya sido uno de los directivos del sector más críticos con el impuestazo aprobado por Pedro Sánchez. Una tasa que va contra lo aprobado en otros países de Europa puesto que grava los ingresos -el 1,2% de las energéticas que facturen más de 1.000 millones-, no los beneficios.

Imaz ha sido duro contra este impuesto. Primero, cuando el Gobierno amenazó con el impuesto, señaló lo siguiente: «Seré muy claro: estoy confiado porque sabemos que tenemos un sólido marco constitucional y legal y que tanto el mercado español como el europeo son mercados que protegen la actividad empresarial de cualquier iniciativa arbitraria».

Además, ya advirtió que harían «todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía», algo que finalmente han hecho al denunciar ante la justicia este impuesto.  Después, cuando ya Repsol ha tenido que abonar 450 millones por este impuesto, Imaz volvió a cargar contra la tasa: «Es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio».

Y, en octubre, cuando el PSOE y Sumar anunciaron que prorrogarían el impuesto, Imaz advirtió de que el impacto de la tasa obligaba a la compañía a buscar otros mercados más «estables». Imaz señaló ante los analistas que «antes de tomar cualquier decisión de inversión en España» analizará si «las condiciones son estables y suficientemente atractivas para garantizar la estabilidad de los proyectos». Imaz añadió que si no era así, Repsol «contaba con otras alternativas», principalmente Portugal.

Imaz no dudó en atacar claramente la decisión del Gobierno por el impacto en las compañías españolas. «Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país», afirmó. El consejero delegado de Repsol destacó que su prórroga «penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética».

Duras palabras que han provocado durante estos meses las críticas de algún miembro del Gobierno. El delegado del Ejecutivo en el País Vasco, Denis Itxaso, dijo en 2022 de Repsol que «hay que tener poca inteligencia emocional para no estar del lado de las personas más vulnerables en situaciones como esta. Yo creo que una crisis de carácter energético, de materias primas, de encarecimiento de la vida y de inflación desbocada, merece también medidas extraordinarias».

Además, en estos momentos el Gobierno de Sánchez está preparando la entrada del Estado en las empresas estratégicas del país, como publica este martes este diario. Sánchez ya ha anunciado la compra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la toma del 10% de Telefónica y ya aumentó al 29% su peso en Indra.

En la lista de compañías estratégicas que maneja Moncloa figura precisamente Repsol, histórica petrolera pública española. También se encuentran Endesa -controlada mayoritariamente por la italiana Enel-, Iberdrola o Naturgy, donde ha entrado recientemente el fondo australiano IFM rompiendo el status quo existente entre CVC, GIC y Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa.

El intervencionismo del Gobierno llegará por tanto a empresas energéticas clave además de a Telefónica. También tiene el 16% de Caixabank que, de momento, se niega a vender.