Banco de España: la deuda pública explosiva dejará al nuevo gobierno sin margen contra futuras crisis

El Banco de España alerta en su último informe anual de la deuda pública explosiva contraída a lo largo del mandato del presidente Sánchez, y cree que el nivel alcanzado elimina cualquier margen de maniobra al nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones generales para afrontar futuras crisis que no cabe descartar dada la incertidumbre geopolítica actual producto de la guerra de Ucrania, la dudosa evolución de los precios y la situación actual de endurecimiento de la política monetaria.

De acuerdo con el informe, se observa «la permanencia de algunas vulnerabilidades estructurales que condicionan las perspectivas y la sostenibilidad del crecimiento económico a medio y largo plazo». «Entre ellos destaca el derivado del elevado nivel de endeudamiento público -desde el inicio de la crisis financiera ha aumentado en más de 80 puntos su peso en el PIB—, que se acompaña también de un déficit público estructural considerable», se puede leer en el mismo. Según la institución que preside Pablo Hernández de Cos, esta situación constituye una importante fuente de vulnerabilidad para nuestra economía, en particular en un contexto de subidas continuadas de tipos de interés, al tiempo que reduce el margen de maniobra de la política fiscal para afrontar eventuales perturbaciones negativas futuras.

La deuda pública del Reino de España representa en estos momentos del 113% del PIB, sólo superada por Italia y Grecia, mientras el déficit estructural -sin tener en cuenta los llamados estabilizadores automáticos, que elevan o reducen los pagos públicos en función de circunstancias coyunturales- está por encima del 4%, entre los más altos de la zona euro, y justo en un momento en que las presiones, sobre todo de Alemania, para restablecer las reglas fiscales fundacionales de la Unión Europea son crecientes, una vez rebasados los episodios más graves de la crisis.

En medio del festival del gasto público de cara a las elecciones de finales de mes del Gobierno de Pedro Sánchez, el primer ministro alemán, el socialista Olaf Scholz, ha enviado este martes un mensaje a los ejecutivos más despilfarradores, como el español. Scholz ha señalado en una comparecencia en el Parlamento europeo que «no todo vale en términos fiscales, necesitamos limitar la deuda». «No queremos precipitar una crisis de austeridad en ningún país, pero eso no quiere decir que todo vale en términos fiscales, necesitamos estabilidad. Esto es fundamental y, por lo tanto, debemos limitar la deuda. Necesitamos asegurarnos de que no sólo vemos aumentos desproporcionados e ilimitados de la deuda porque eso simplemente exacerba la crisis en lugar de ayudar a resolverla y, por lo tanto, necesitamos un equilibrio», ha dicho el primer ministro socialista. Alemania es un firme defensor de las reglas fiscales de la Unión Europea, que en principio volverán a estar en activo en 2024, aunque en estos momentos están en discusión. A partir de ese momento, si nada cambia, y bajo presión de multas, los países miembros tienen que reducir el déficit por debajo del 3% y situar la deuda en una senda a la baja hasta alcanzar el 60% del PIB.

De cara a alcanzar estos objetivos, el Banco de España recomienda una mirada a largo plazo, y a este respecto se considera fundamental centrar la acción de política económica en afrontar los retos estructurales pendientes, como ilustra la ausencia de convergencia de los niveles de renta per cápita del área del euro en las últimas décadas. Actualmente, nuestro país está un 17% por debajo de la renta media de la zona euro frente al 13% de antes de la pandemia, y seguimos siendo los únicos que no hemos recuperado todavía el nivel de PIB. Detrás de esta persistente brecha negativa se encuentran dos deficiencias: una baja productividad y una reducida tasa de empleo. Dado este diagnóstico, el gran desafío consiste en abordar con decisión las reformas que permitan favorecer la convergencia con la UEM.

Según el Banco, esta convergencia debe producirse, además, sin aumentar los desequilibrios macrofinancieros, de forma que ésta sea sostenible en el tiempo. Desde el estallido de la crisis financiera global, se ha logrado la corrección de algunos de estos desequilibrios, entre los que cabe destacar el intenso proceso de desendeudamiento de las familias y de las empresas españolas; el incremento de la solvencia y liquidez de los balances de las entidades de crédito, tras el intenso proceso de saneamiento y reestructuración, así como el reforzamiento del marco regulatorio; la mejora de la competitividad —que ha permitido mantener un saldo positivo de la balanza por cuenta corriente desde 2012, incluso a pesar del estallido de la pandemia y de la crisis energética—; y la reducción del peso en la actividad de la inversión en construcción hasta niveles similares a los del conjunto de la UEM.

En el documento del banco central se abordan otros asuntos de actualidad que tienen que ver con la política económica, y a este respecto el organismo avisa de que algunas de las medidas incluidas en la Ley de Vivienda, «como el control de rentas, podrían generar efectos indeseados a medio plazo». En concreto, el Banco de España considera que «esta política puede generar consecuencias adversas sobre la oferta de alquiler, así como generar segmentación en el mercado inmobiliario». De otro lado, el gobernador Pablo Hernández de Cos afirma que, de acuerdo con las estimaciones de la institución y de otras entidades, «será necesario» adoptar nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a partir de 2025, en el marco del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Ello se debe, explica el gobernador, a que como resultado de las reformas de pensiones adoptadas desde 2021, el sistema «deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos». A ello hay que añadir la «incertidumbre» que puede tener sobre el empleo, los salarios y la competitividad, el impacto de las subidas de cotizaciones recogidas en las reformas de pensiones, por lo que Cos insta a realizar una evaluación «rigurosa, continua y transparente» de los efectos de estas reformas.