Los 11.000 millones de Sánchez sólo rescatarán a empresas viables y habrá condicionalidad

Las nuevas ayudas que ha anunciado Pedro Sánchez -11.000 millones de euros para las pymes del turismo y la hostelería- tendrán letra pequeña que no termina de convencer a los que tienen que ser sus principales beneficiarios: las pymes y los autónomos. Lo que parece seguro es que el Gobierno exigirá condicionalidad, algo de lo que el Ejecutivo se queja cuando la impone Bruselas a España para recibir ayudas europeas. En cambio, sí que es un requisito ineludible para el sector privado a cambio de las ayudas gubernamentales.

Aunque el Ejecutivo está midiendo mucho qué información filtra sobre las ayudas que el presidente del Gobierno se sacó de la manga en el pleno del Congreso del pasado miércoles, se empieza a conocer a cuentagotas que a cambio de las ayudas habrá una condicionalidad. Dependiendo de qué Ministerio gane la batalla gubernamental será más o menos estricta. Es decir, la idea del Gobierno es que las ayudas, en ningún caso, sean a fondo perdido.

Según fuentes conocedoras de la planificación que se está haciendo de las ayudas que anunció Sánchez, la intención del presidente es que sólo se rescate a empresas viables. Es decir, que las pymes o los autónomos que quieran beneficiarse tendrían que presentar un plan de viabilidad, algo que enfada a las principales organizaciones empresariales.

Por lo pronto, la hoja de ruta del Gobierno no se conocerá hasta marzo (lo que demuestra que Sánchez improvisó ayer en la Cámara Baja) y Nadia Calviño evita definir el plan como «ayudas directas», algo que inquieta al mundo empresarial.

Algunos ministerios incluso quieren que se exija a las compañías que reciban las ayudas que no destruyan empleo durante un periodo de tiempo -como ocurre ahora con los ERTE-, algo a lo que también se oponen en rotundo los empresarios, que consideran una tomadura de pelo que el Gobierno sigue sin detectar cuáles son los problemas reales que están viviendo durante esta pandemia. Si se pone este requisito, CEOE podría plantarse.

Por ahora, en otros países como Francia y Alemania sí que se ha compensado a las compañías -bares, restaurantes, comercios o establecimientos turísticos- por los cierres obligados en los confinamientos y para controlar la expansión del virus. Sin embargo, en España las autoridades pueden limitar la actividad empresarial y, por lo tanto, propiciar una fuerte reducción de la facturación de los negocios, y que estos sigan teniendo, por ejemplo, que seguir haciendo frente a sus obligaciones fiscales, lo que indigna a centenares de miles de pymes y autónomos.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno de Sánchez sólo se ha planteado en las últimas semanas afrontar los problemas de solvencia del sector privado. Algo a lo que están abierto es, por ejemplo, a que haya quitas de los créditos ICO, una medida que en realidad únicamente provocaría un alivio para las pymes en el caso de que se acabara la carencia, que actualmente está en vigor.

Otra fórmula que plantean las organizaciones empresariales al Gobierno -aún sin respuesta- es que haya una especie de «préstamos participativos». Con este mecanismo el Ejecutivo entraría en el capital de las empresas y las compañías tendrían que devolver esos fondos conforme vuelva a obtener beneficios, pero a lo largo de años y con condiciones muy ventajosas. Es decir, que sería una especie de préstamos con condiciones mucho más ventajosa que los créditos ICO que se lanzaron en el peor momento de la crisis del coronavirus. La idea sería implantar una medida similar a la que puso en marcha la Generalitat Valenciana, que planteó inyectar capital en el sector privado a través de fondos de capital mixto (público-privado).

Lo que está claro es que el Gobierno tiene un problema grave sobre la mesa que tendrá que solventar a medio y largo plazo: «Al final de la pandemia puede encontrarse con empresas medio quebradas y sobre-endeudadas», explica una fuente.

La letra pequeña que se conoce hasta ahora

Por el momento, como avanzó OKDIARIO este jueves, no todo el dinero de los 11.000 millones anunciados por Sánchez se destinará a ayudas directas (subvenciones), e incluso es posible que ni siquiera las haya, sino que esta cantidad incluye las quitas de los créditos ICO que está empeñado en conceder el Gobierno, según se infiere de las conversaciones que está manteniendo con la banca.

Por otro lado, en la solicitud de autorización a la UE, el Ejecutivo solo habla de 100.000 beneficiarios, a años luz de los millones de pymes y autónomos en situación desesperada. De hecho, la patronal estima que hay 1,1 millones de empresas en pérdidas que necesitan ayuda urgente.

Fuentes del sector financiero han explicado a OKDIARIO que el Ejecutivo mantiene como medida principal para ayudar a las empresas en apuros las quitas de los créditos ICO, a pesar del riesgo moral que implica esta medida por el agravio comparativo que crea. De hecho, como adelantó este periódico, una de las propuestas que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Economía de Nadia Calviño es compensar a los bancos con bonos a largo plazo por las pérdidas que tendrán que asumir en la parte no avalada de los préstamos a los que se aplique la quita.

En todo caso, si los 11.000 millones incluyen estas quitas de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dejarán mucho menos margen para las ayudas directas, que es lo que solicitan todas las asociaciones empresariales y sectoriales, así como la banca. De hecho, el Ejecutivo ha pedido permiso a Bruselas para incluir también en esa cantidad nuevos préstamos, adelantos o beneficios fiscales.