Enríquez Negreira declara este martes como investigado por recibir 7,6 millones del Barça

José María Enríquez Negreira está citado este martes 19 de marzo en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros está siendo investigado por los pagos de 7,6 millones de euros que recibió del Barcelona entre 2001 y 2018, cuando aún era el número dos de los árbitros. Sin embargo, se espera que se acoja a su derecho de no declarar, alegando problemas de demencia.

Después de varios aplazamientos, este martes será el día en el que Negreira comparezca ante el juez que instruye el caso y será preguntado por los pagos que se investigan dentro de una trama de presunta corrupción deportiva. El juez Joaquín Aguirre le citó como investigado después de comprobar que sus problemas cognitivos no le incapacitaban para ello.

El que fuera vicepresidente de los árbitros alegó en su momento que sufría una pérdida de memoria importante, tratando de evitar su citación en calidad de investigado por los cobros que recibió del Barça. El juez encargó un examen a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, para confirmar, no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio.

La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona –uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa– para evitar su citación a declarar. En él se certifica que el ex árbitro sufre una «demencia leve», con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado «en tiempo, espacio y persona».

El ex vicepresidente del CTA pasó una primera exploración forense el pasado 10 de octubre, cuando sufrió una caída ante las cámaras de la prensa. Posteriormente, el magistrado pidió al IMLCF una ampliación de su informe forense para determinar el alcance del deterioro de su memoria, lo que le obligó a pasar por un segundo reconocimiento médico.

Negreira declara tras intentar que le incapacitaran

El juez Aguirre, basándose en estas pruebas periciales a las que sometió Enríquez Negreira, señaló que, aunque es cierto que sufre algún deterioro de memoria, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado. Por ello, lo citó a declarar en calidad de investigado el pasado 21 de febrero. Sin embargo, ésta se ha aplazado hasta en dos ocasiones, puesto que se fijó después para el 8 de marzo y, por último, para este 19 de marzo por cuestiones de agenda de su abogado.

El instructor le imputó los delitos de cohecho, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Sin embargo, está previsto que Enríquez Negreira utilice la misma excusa con la que ya intentó, sin éxito, no figurar en calidad de investigado. El ex colegiado se acogerá a que sufre un deterioro cognitivo importante y no recuerda nada de lo sucedido.

Negreira declaró ante Hacienda en 2022

Cabe recordar que no será la primera declaración de Enríquez Negreira. Antes de que el escándalo apareciese en la prensa, el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ya respondió en marzo de 2022 ante la Agencia Tributaria por el dinero que recibía su empresa, DASNIL95 SL, del Barcelona. Entonces, señaló que el conjunto culé «quería asegurarse que no se tomaban decisiones en contra» con los pagos que le realizaron durante 17 años. Según señaló el ex árbitro entonces, esos pagos se debían a un «acuerdo verbal» entre la entidad y él mismo.

De ahí que el magistrado haya enfocado la investigación en un delito –entre otros– de corrupción continuada en el deporte, puesto que cree que todo consistía en «una forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol», saliéndose así del «tradicional método de pago para un partido concreto». Hay que recordar que los salarios de los árbitros varía –y mucho– en función de la categoría en la que arbitren y que Negreira era uno de los encargados de calificar a los colegiados, como se recoge en los informes arbitrales que recabó en sus registros a la sede del CTA la Guardia Civil.