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La actividad cinegética en España fue objeto de debate, polémica y estereotipos que han perdurado en el tiempo. Entre ellos, uno de los más asentados se relaciona con el perfil de los cazadores españoles, presentado con frecuencia como alguien acomodado, ajeno al día a día de la mayoría y con intereses alejados de la realidad social.
Un reciente informe elaborado con la colaboración de la Fundación Artemisan y Deloitte pone en duda esa visión tradicional. Los resultados obtenidos no solo modifican la idea del cazador tipo, sino que también aportan una nueva perspectiva sobre su relevancia social, económica y ambiental. Y es ahí donde surge la ruptura con el mayor mito de los cazadores españoles.
Derrumbando mitos: este es el perfil real de los cazadores españoles
El estudio revela que el cazador en España no responde al estereotipo del empresario adinerado. Los datos muestran que el 48,5% de los cazadores españoles son asalariados, un 18,3% trabaja como autónomo y un 19,9% corresponde a pensionistas. Solo un 2,2% pertenece a la categoría de empresarios.
En términos de ingresos, la media mensual neta se sitúa en 2.011 €, muy similar a la de otros grupos profesionales en el país. La diferencia con el conjunto de asalariados (1.977 €) o autónomos (2.006 €) es mínima.
Estos resultados eliminan la idea del cazador como figura elitista y muestran que forma parte del entramado laboral y social común en España.
En lo relativo a la formación, los datos también contradicen prejuicios. Un 41,4% de los cazadores españoles posee estudios universitarios o de posgrado, un porcentaje superior a la media nacional, que es del 38,1%. Incluso en los niveles de Bachillerato y Formación Profesional se observa un equilibrio similar con el conjunto de la población.
Impacto económico y aportación al medio rural de los cazadores españoles
La actividad cinegética no se limita al tiempo en el campo, sino que implica un gasto significativo que repercute directamente en las zonas rurales. El gasto medio anual de un cazador alcanza los 12.069 €, con partidas destinadas principalmente a la caza mayor, el combustible, los alojamientos y la caza menor.
La cifra global es reveladora: se estima que los cazadores españoles generan un volumen de gasto que contribuye al mantenimiento del tejido rural y a la creación de empleo.
Además, gran parte de esa inversión revierte en la conservación ambiental, con 288,7 millones de euros destinados anualmente a medidas de gestión de ecosistemas. Estas acciones incluyen el aporte de agua y alimento, labores de desbroce y siembras.
El informe resalta un dato clave: «Tras la Administración, los cazadores son el colectivo que más invierte en gestión y conservación del medioambiente en España».
¿Y qué ocurre con la conservación de especies y biodiversidad?
Otro punto en el que el estudio aporta una visión distinta es el papel de los cazadores en la biodiversidad. Un 58% de los titulares de coto y un 67% de los organizadores de cacerías aseguran que en sus terrenos habitan especies protegidas. Esto los sitúa como agentes activos en la protección de la fauna.
Los cazadores españoles, a través de federaciones y asociaciones, participan además en programas de conservación específicos. El informe estima que la inversión en estos proyectos alcanza 31 millones de euros anuales, a los que se suman las cantidades dedicadas a la gestión directa de los hábitats.
De esta manera, se desmonta otro mito: el de que la actividad cinegética se limita al abatimiento de especies. La investigación apunta que los cazadores desempeñan un papel importante en la recuperación de fauna amenazada y en la mejora de los ecosistemas.
¿Cuál es la edad media de los cazadores y cuál es su perfil típico?
Pese a los datos positivos, existe un desafío evidente: la edad media del cazador español se sitúa en 53 años. Esto plantea la necesidad de garantizar un relevo generacional que mantenga el peso de la caza en la economía y en la gestión rural.
El sector representa una fuente de empleo esencial en zonas despobladas: el 80% de los trabajos directos que genera se concentran en áreas rurales, y un 32,6% de los cazadores vive en municipios con menos de 5.000 habitantes. Para muchos, la caza funciona como vínculo que permite mantener la residencia en el campo y contribuir a la cohesión social.
Para concluir, la Fundación Artemisan subraya: «La actividad cinegética y otros usos responsables del medio natural son esenciales para la conservación de los ecosistemas, así como para el desarrollo económico y social de las zonas rurales».