Piden la prórroga del caso que acorrala a la ministra Diana Morant para evitar el archivo

«La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias de instrucción se practicarán en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha del auto de apertura de diligencias previas o el sumario, si bien, en el caso de que no se pueda concluir la instrucción en el término acabado de referencia, se podrá declarar la complejidad de la causa, a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier otra parte acusadora personada en el procedimiento antes del plazo para la finalización de la instrucción, solicitándose su prórroga por períodos iguales o inferiores a 6 meses», recuerda el mencionado escrito.

En este contexto, la acusación refleja que «si bien se dictó un auto en fecha 11 de octubre de 2023, a partir del cual se abrió el presente procedimiento por los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos atribuido presuntamente a Diana Morant, María Isabel Santapeu y José Manuel Prieto (…), se dictó inicialmente por este Juzgado un auto de 28 de julio de 2023, meramente instrumental y que indicaba que quedaban los autos sobre la mesa». Por ello, consideran que, a la vista de que hay dudas si la fecha real de apertura del caso es el 11 de octubre o el 28 de julio, cabe pedir ya la prórroga de la instrucción.

Recuerdan que la magistrada titular del Juzgado número 3 «se abstuvo del conocimiento de las actuaciones debiendo pasar, una vez admitida la abstención, al sustituto de este juzgado, que es quien está instruyendo la causa, y quien en definitiva dictó el auto de incoación de las presentes previas, con contenido verdaderamente instructor en fecha 11 de octubre de 2023».

En la medida de «que faltan todavía por practicarse varias diligencias, entre ellas la toma de declaración de los investigados, y las que puedan resultar del examen de los documentos que se encuentran en estudio por el Ministerio Fiscal, y aun cuando podría pensarse que faltan varios meses para la finalización del año, de forma meramente cautelar, y con el fin de no perjudicar la instrucción, se interesa que se declare por este Juzgado la presente causa como compleja y fijándose un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción, de seis meses más, sin perjuicio de prorrogarse si la instrucción no hubiera finalizado en dicha fecha».

Recuerdan que en octubre se solicitó al Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Gandía la remisión de copias compulsadas del expediente al que se refería la querella. Y tras ello, la documentación se remitió a la fiscal que continúa analizando esos impresos que podrían conducir a la exposición razonada contra Diana Morant en el Tribunal Supremo, organismo ante el que está aforada. De esta forma, la acusación del caso concluye su escrito pidiendo que «acuerde la prórroga del plazo máximo para la finalización de la instrucción, en los términos interesados, por ser de Justicia y conforme a Derecho».