Una juez investiga por malversación y prevaricación a la ministra de Ciencia, Diana Morant

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía ha abierto diligencias por presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación contra la ministra de Ciencia, Diana Morant. La juez ha requerido al Ayuntamiento de Gandía, donde la alto cargo del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue alcaldesa, que envíe documentación sobre un desalojo que impidió esta política del PSOE valenciano.

En el auto de apertura de diligencias, como ha podido saber OKDIARIO, también aparecen el actual alcalde de Gandía, José Manuel Prieto (PSOE); así como la jefa de servicios jurídicos del Ayuntamiento, María Isabel Santapau. Se analizan los perjuicios que lamenta haber sufrido la empresa Inmobles Reunits de Catarroja, que se construyó el edificio de la calle Perú, 57 de Gandía. Ese inmueble fue okupado y Diana Morant impidió desde el Consistorio el desalojo a través de las autoridades policiales.

Los hechos fueron denunciados por el ex alcalde Arturo Torró en julio de 2023. En su denuncia indica que como concejal de la Corporación conoce las presuntas irregularidades. En 2006 se adjudicó a la citada compañía la construcción de 79 viviendas de protección pública en régimen de alquiler para personas mayores discapacitados o menores de 35 años, con un plazo de duración de la concesión de 50 años desde el acuerdo de adjudicación. En 2011 concluyeron las obras y las viviendas se explotaron en régimen de alquiler, por el que se estableció un canon a cargo de la contratista. Entre los derechos de la concesionaria figuraba percibir las contraprestaciones por el uso del inmueble por las rentas de quienes habitaban las viviendas. Sin embargo, Diana Morant maniobró supuestamente para amparar unos okupas que no pagaban sus alquileres.

De hecho, en junio de 2015, pocos días después de haber asumido la alcaldía, Diana Morant junto con otros dos concejales acudieron al edificio para apoyar a un grupo de manifestantes que querían evitar el desalojo judicial señalado para esa fecha. La Comisión Judicial de los Juzgados de Gandía que iba a ejecutar la sentencia no contó con el auxilio de la Policía Municipal, según el denunciante, por decisión de las autoridades municipales, presididas por la señora Morant junto con los activistas de la Plataforma Antidesahucios.

«La entonces alcaldesa, lejos de haber mantenido un perfil institucional que le imponía su recién asumido cargo y permitir el correcto funcionamiento de la Justicia, prefirió protagonizar, para inaugurar su cargo, una postura demagógica, populista y antidemocrática, impropia de la autoridad y de los ciudadanos que representaba», lamenta la denuncia.

El ex alcalde del PP tacha de «completamente irresponsable» su apoyo a «un escrache» a la comisión judicial, «produciendo con su acción no sólo un grave daño moral, sino también un quebranto evidente al patrimonio municipal por el que ella debía velar». «Abrió la veda para que muchos otros siguieran el camino», agrega. Torrá considera que Diana Morant «bendijo con su beneplácito» el incumplimiento de las obligaciones de abonar las rentas y «se produjo un efecto llamada».

Una pelea provocó un muerto

La hemeroteca recoge el drama de ese bloque: «La casi totalidad de los pisos están totalmente ocupados de manera ilegal y apenas dos casas cumplen con la legalidad y abonan gastos de agua y luz». «Hace unos días, una pelea entre clanes terminó con un muerto», publicó un medio local en 2017.

Los problemas de convivencia acabaron en reyertas y bandas juveniles que atemorizan a los vecinos en los parques de la zona. Las quejas vecinales  indicaban que los niños no podían jugar porque grupos de jóvenes les amenazan. Aludían también a problemas de tráfico de drogas. Como publicó OKDIARIO, el bloque se convirtió en un narcopiso siendo Diana Morant la alcaldesa.

Además, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después, sentenciaron en firme que Diana Morant fue responsable del grave deterioro del inmueble público. Sin embargo, a pesar de que la empresa pidió que la ministra pagase de su bolsillo 777.000 euros como responsable, un informe municipal evitó esa pretensión.