Una casa okupada acabó en narcopiso tras oponerse la ministra Morant a su desalojo siendo alcaldesa

El 30 de junio de 2015 la ministra Diana Morant -entonces alcaldesa de la localidad valenciana de Gandía- acudió junto a dos concejales de Més Gandía para impedir el desahucio dictado judicialmente de un casa en un edificio okupado. El acto de protesta fue convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Safor Valldigna. La comitiva judicial no pudo llevar a efecto el lanzamiento puesto que la policía local del municipio, lejos de protegerlos, se ausentó del lugar cuando constató la presencia de la entonces alcaldesa.

Este hecho según la juez provocaron que «viendo que la falta de pago de la renta no tenía consecuencia alguna los impagos se generalizaron y el edificio se llenó de ocupantes sin título, traficantes de droga, etc…». Es decir, el edificio acabó convirtiéndose en un narcopiso e incluso en el mismo inmueble se cometió un asesinato en 2017.

El Ayuntamiento decidió obligar a la empresa Inmobles Reunits de Catarroja S.L., concesionaria del edificio de viviendas de protección pública, a acometer obras de reforma y mejora en el mismo. Como se encontraba okupado y la inmobiliaria no cobraba los alquileres municipales a los que tenía derecho, se negó y fue denunciada por el Ayuntamiento. El asunto acabó en la sentencia 98/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia. y en otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia(TSJV) de junio de 2021 que viene a ratificar la sentencia inicial del Contencioso de Valencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue tan dura como realista con la participación de Diana Morant en aquel acto: «El Ayuntamiento participó de forma activa, por medio de la alcaldesa y algunos concejales, el impedir la ejecución de un lanzamiento judicial por desahucio, relativo a personas que no satisfacían las rentas (…) La comisión judicial, ante la ausencia de agentes de la autoridad y en presencia de la alcaldesa y dos concejales que impedían el paso, suspendió el lanzamiento». Aquella acción quedó reflejada incluso en la cuenta de una red social de la entonces alcaldesa, que no dudó es publicar una foto suya impidiendo el desalojo.

Según la juez aquellos hechos provocaron que «viendo que la falta de pago de la renta no tenía consecuencia alguna los impagos se generalizaron y el edificio se llenó de ocupantes sin título, traficantes de droga, etc…» y continúa la juez afirmando que «lo cierto es que existe una relación causal entre la actuación de la legal representante del Consistorio, arropada por dos concejales y la quiebra de la gestión de la concesión». El edificio sufrió un deterioro tan grande que se convirtió en refugio de delincuentes y en escenario de una reyerta el 1 de octubre de 2017 entre los Frasquitos y los Chatos, dos clanes dedicados al tráfico de drogas de la Comunidad valenciana. El resultado fue la muerte de un hombre de 37 años, Antonio G.M., acuchillado y arrollado por un coche y otros cinco heridos graves.

El desnonament no es farà. Natalia i el seu fill es queden a sa casa. Una bona notícia #Gandia #PrimerLesPersones pic.twitter.com/c3BW24Emet

— Diana Morant (@DianaMorantR) June 30, 2015

La primera sentencia de Lo Contencioso explica también los intentos del ayuntamiento de Gandía por exculpar a su alcaldesa entonces, Diana Morant: «El Ayuntamiento ha pretendido que tal actuación fue inocua o que la alcaldesa actuó a título particular. Pues bien conforme al artículo 41 ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) corresponde al alcalde 1. Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos que se celebren en el término municipal, como también 8. Dirigir la Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridad y circulación y de costumbres, 15. Ejercer la jefatura directa de la Policía Municipal».

En juego estaba el desembolso de unos 400.000 euros para reparar los desperfectos originados por los okupas, hasta que finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de julio de 2021 exime a la inmobiliaria de hacerse cargo de las reparaciones aunque sí la condena al pago del canon municipal de varios años.

Además, la Justicia califica de demagógica la actuación de la alcaldesa: «La actora (empresa inmobiliaria) carece de medios para perseguir el delito o para desalojar a los ocupantes, desalojo que las propias autoridades municipales habrían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito, al impedir la legítima actuación de la Autoridad Judicial en detrimento de la concesión y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección pública».

Según recoge el diario ABC la ministra Diana Morant explicó en el transcurso de un desayuno con los medios de comunicación que le preguntaron sobre la última sentencia del TSJV conocida ahora que  «siempre» da cumplimiento a la ley y, además justificó su actuación: «Como política creo que en el centro de las decisiones políticas deben estar las personas y sus problemas. Fui a personarme allí para dar una alternativa habitacional a la madre y su hijo, que atravesaban un momento de sufrimiento dificilísimo».