Manos Limpias se querella contra el ex comisionado de Sánchez para la DANA por su títulación ‘fake’

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha interpuesto una querella criminal por falsedad documental, así como por la responsabilidad civil y penal «en que haya podido incurrir» contra José María Ángel Batalla, el comisionado del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para la reconstrucción tras la DANA de Valencia, dimitido el 31 de julio del pasado año 2025 tras la revelación de que utilizó un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario en la Diputación de Valencia.

Ángel Batalla protagonizó uno de los mayores escándalos producidos el pasado verano. El origen de la querella criminal presentada por Manos Limpias estriba en que Ángel Batalla habría accedido a un puesto fijo en la Administración tras haber presentado titulación supuestamente falsa en Archivística y Biblioteconomía, según corroboró un informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Es decir, que supuestamente presentó un título falso para obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia.

La querella criminal ahora interpuesta por el sindicato antes citado se produce después de que el juez titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, decidiese el 8 de octubre de 2025 archivar la denuncia por los mismos supuestos delitos, también a Manos Limpias. El 21 del mismo mes, Manos Limpias solicitó la recusación de Martínez Ribera.

Ahora, en la querella criminal, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Manos Limpias entiende que como consecuencia del «presunto hecho delictivo», «todos los informes y resoluciones que hubiera realizado» Ángel batalla «en el ejercicio de la referida función serán nulos de pleno derecho, y las consecuencias del perjuicio o favorecimiento a terceros».

Entiende, también, que «las cotizaciones a la antigua MUNPAL o a la Seguridad Social estarían contaminadas y deberían ser objeto de anulación». Y entiende, finalmente, que «unas retribuciones obtenidas de manera contraria a la ley deberían ser objeto de devolución».

El sindicato, como diligencias a practicar, pide que se tome declaración a José María Ángel Batalla, que se requiera a la Diputación de Valencia que certifique y aporte la fecha de ingreso del querellado en la Escala técnica y fecha del cese como funcionario, así como como las bases aprobadas para acceder a la referida escala técnica.

Solicita que se requiera a la Universidad de Valencia (UV) para que acredite si el referido título figura en sus archivos. Y reclama, finalmente, que se practiquen todas las diligencias que se deriven de la práctica de las averiguaciones judiciales y las declaraciones practicadas «y cuantas interesen al Ministerio Público».