CONCERTABAN MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA PRINCIPALMENTE A ARGELINOS Y MARROQUÍES

Empadronadores y falsos testigos: así actuaba la red de ‘casamenteros’ para legalizar inmigrantes

POLICÍA NACIONAL
Dos policías nacionales con un detenido en la operación policial.

Empadronadores, ‘falsos’ testigos y cifras que alcanzaban hasta los 10.000 euros. La Policía Nacional ha desarticulado tras 3 años de investigación un complejo entramado dedicado a concertar supuestamente bodas de conveniencia que facilitaran la legalización de ciudadanos extranjeros en las provincias de Murcia y Alicante. Sobre todo, marroquíes y argelinos, pero también de otras nacionalidades.

Según el relato policial, el entramado estaba presuntamente diseñado por una abogada de la localidad alicantina de Santa Pola. Los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros por cada boda. Hay 129 detenidos, con 72 matrimonios supuestamente ilegales y que dieron pie a 51 permisos de residencia familiar comunitaria. De los detenidos, 66 son varones y 63 mujeres.

Una boda de conveniencia es un matrimonio en que participa un ciudadano extranjero con la única finalidad de obtener partido de las ventajas de casarse a efecto de regularizar su estancia en un país o de obtener de un modo más sencillo su nacionalidad.

La Policía Nacional acaba de desentrañar un complejo entramado en las provincias de Alicante y Murcia que supuestamente se dedicaba a ese fin. Más allá de los números existe un supuesto ‘modus operandi’. Siguiendo el relato de la propia Policía Nacional, la que se cuenta a continuación es la manera en que actuaba el citado supuesto entramado.

La ‘Operación Polasanta’ -así la ha denominado la propia Policía- se inició en marzo de 2019. El supuesto entramado llevaba actuando algo más de tiempo. Presuntamente, y según la propia Policía desde 2017. El presunto epicentro de este supuesto entramado se ubicaba en la localidad de Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana.

Desde allí, y siempre según el relato de los investigadores, supuestamente operaba una abogada que, a través de su gestoría, había presuntamente diseñado un complejo entramado, perfectamente coordinado. Su supuesta finalidad era que, a través de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, estos últimos consiguieran permisos de residencia familiar comunitarios para esos extranjeros que se hallaban en situación irregular. Y lo hacían presuntamente a cambio de grandes cantidades económicas, que alcanzaban supuestamente hasta los 10.000 euros. Se trataba, sobre todo, de personas de origen argelino y marroquí, pero también había de otras nacionalidades.

La supuesta red estaba organizada, según la Policía. Contaba presuntamente con personas que realizaban una labor de captación de los que más tarde se convertirían en contrayentes. Buscarían a personas que necesitaban regularizar su situación en España y que estuvieran dispuestos a pagar unas cantidades que podían alcanzar los 10.000 euros. Pero, además, supuestamente también, buscarían a la pareja, que debía ser de origen español.

Luego, se orquestaba un plan para supuestamente hacer creíble la relación entre los que se convertirían en cónyuges, así como la vinculación con la localidad donde presumiblemente se iba a llevar a cabo la boda. Y, ahí, intervenían los supuestos empadronadores, que se encargaban presuntamente de proporcionar la cobertura supuestamente legal mediante documentación falsa para que los trámites del enlace se pudiera producir. En ocasiones, y según las pesquisas policiales, los empadronamientos eran falsos. En otras, se habían realizado supuestamente con el consentimiento de los legítimos propietarios de la vivienda a cambio de dinero.

La red llegaba, según la Policía, a falsificar contratos de arrendamiento y autorizaciones de empadronamiento. Y, siempre, en el municipio alicantino de Santa Pola, en cuyo Juzgado de Paz se celebraría finalmente el enlace. Para todo ello, supuestamente la trama contaba también con la ‘colaboración’ de 2 agencias inmobiliarias de esa misma localidad.

Además, colaboraban falsos’ testigos, que eran meticulosamente instruidos, al igual que los contrayentes, a los que presuntamente se preparaba en la versión que debían sostener ante las distintas Administraciones para que el engaño no fuera detectado. Según la Policía, se han detectado hasta 72 matrimonios presuntamente de complacencia. Dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario presuntamente ilegales, de los que se ha solicitado la extinción.

En los registros practicados por la Policía Nacional se obtuvo además numerosa documentación presuntamente fraudulenta del tipo de contratos de arrendamiento y autorizaciones de empadronamiento. De todo ello, se dio debida cuenta al Juzgado que instruye el caso y de quien dependen las diligencias. Se persiguen presuntos delitos tales como contra el derecho de ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.

 

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